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Natalia Gutiérrez, presidente Acolgen
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“Las medidas representan una intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia y la seguridad jurídica”, dijo Acolgen
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó su preocupación por el Decreto 1072 de 2025, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, al considerar que afecta la libre competencia, la inversión y la estabilidad del mercado eléctrico.
El Gobierno explicó que la medida busca proteger a los hogares colombianos y evitar alzas en las tarifas de energía, especialmente en temporadas secas como el fenómeno de El Niño, cuando se incrementan los costos de generación. Sin embargo, para los generadores, la norma puede tener el efecto contrario.
“Las medidas representan una intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia y la seguridad jurídica”, dijo Acolgen.
El decreto exige que las empresas hidroeléctricas vendan al menos 95% de su generación de energía mediante contratos, en lugar de hacerlo libremente en el mercado. Según Acolgen, esto “anula la libertad de empresa” y va en contra de la Ley 143 de 1994, que garantiza la libre competencia en el sector.
El gremio explica que esta obligación no tiene en cuenta la variabilidad del recurso hídrico, ya que no es posible saber con certeza cuánta agua tendrá una central en una hora específica.
“Forzar una contratación de 95% a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso”, aseguró la asociación. Además, advierte que si las empresas no pueden cumplir esos contratos, podrían enfrentar sanciones y sobrecostos.
Acolgen también criticó que el decreto imponga la obligación solo a las hidroeléctricas, dejando por fuera a otras fuentes como la solar, eólica o térmica. “La norma establece un trato desigual que afecta la libre competencia entre tecnologías”, señaló el gremio.
Esta diferencia, dicen, genera una ventaja injusta para algunos tipos de generación, algo que ya había sido advertido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, pero que no fue corregido en el texto final.
La asociación alertó que el decreto genera incertidumbre y frena la inversión en nuevos proyectos. “Una intervención tan drástica y con solo tres meses para aplicarse envía una señal negativa a los inversionistas”, afirmó.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida al asegurar que busca “un servicio más justo, confiable y predecible” para los usuarios.
“Nuestro propósito es claro, la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, afirmó el ministro.
El presidente Gustavo Petro también ha criticado a las hidroeléctricas, acusándolas de especular con los precios y obtener “hasta diez veces más ganancias por kilovatio, aunque hoy el agua es abundante”.
El gremio pidió al Gobierno suspender la aplicación del decreto y abrir un espacio de diálogo con los generadores. “Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética de Colombia durante décadas”, concluyó Acolgen.
Y ante las críticas de Acolgen, el ministro Edwin Palma respondió directamente a través de su cuenta en X, dejando claro que el Gobierno no dará marcha atrás.
“El decreto no lo vamos a suspender y el diálogo siempre ha estado abierto, pero el diálogo debe ser sobre la base de recibir propuestas que no vamos a esperar toda la vida”, escribió Palma.
El ministro defendió la intervención estatal en el mercado energético. “Claro que es una intervención en el mercado. El Estado no puede ser un observador imparcial. Debemos proteger a los débiles. Es injusto que en la conformación del precio ustedes ganen hasta diez o quince veces lo que vale la producción de la energía. Es injusto que se les pague el cargo igual que a todos”.
También se refirió a la falta de apoyo público de otros sectores del gremio. “Lamento que otros gremios, que en silencio dicen estar de acuerdo con nosotros, no contribuyan al debate. Entiendo su ‘solidaridad de clase’. Quiero propuestas. Ustedes son testigos de que las estudiamos, pero mientras las sigo esperando, vamos a avanzar. Estamos haciendo lo que prometimos”.
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