A cada innovación, su ley

En los últimos años ha tomado fuerza el término Innovación Disruptiva, utilizado  para denominar modelos de negocio que cambian por completo los mercados a los que entran. Estos suelen traer nuevos jugadores a los mercados, precios más bajos para los usuarios y nuevos tipos de servicios; lo que promueve la competencia y trae grandes beneficios para los consumidores. Naturalmente, hay perdedores. Las empresas tradicionales, acostumbradas a mantener con poco esfuerzo una porción grande del mercado se ven sacudidas cuando entran estos jugadores innovadores a cambiar las reglas.

Dos ejemplos claros de este tipo de innovación en el mundo son servicios como Uber y Netflix, que hace poco también llegaron a Colombia. El primero llegó a incomodar al gremio de los taxistas ofreciendo un servicio de mayor calidad y más seguro, por el que los usuarios estaban incluso dispuestos a pagar un precio más alto. Netflix, por su parte, acabó con competidores como Blockbuster a nivel mundial, ofreciendo una gama más amplia de videos, sin que los usuarios tengan que salir de su casa o pagar las consabidas multas por devolverlos tarde. De los operadores de televisión por cable también se han visto golpeados en la medida en que los consumidores pueden prescindir de ellos y tener acceso a un amplio contenido de videos simplemente pagando el servicio de internet. 

Es evidente que la llegada de estos innovadores implica repensar la competencia en los respectivos sectores, y probablemente la regulación debe buscar que esta competencia sea justa, nivelando el terreno de juego. Pero también es claro que estas innovaciones son buenas en la medida en que le ofrecen más y mejores servicios a los usuarios, por lo que en vez de satanizarlas se les debe dar la bienvenida. Los mercados deben adaptarse a este nuevo tipo de modelos para ofrecerle mejores servicios a los usuarios. Esa es una de las bondades de la competencia.

Sin embargo, este no es el caso en Colombia, donde a cada innovación se le crea su respectiva ley para frenarla. Actualmente se tramita ante el Congreso de la República la Ley 077 de 2015, que pretende regular el servicio provisto por empresas como Netflix  y Amazon Video, de una manera única en el mundo. La ley busca que este sea considerado un servicio público, y como tal sea regulado por una entidad gubernamental. Esto implica, entre otras cosas, incrementar el costo de este servicio, obligándolo a contribuir al Fondo Audiovisual y de Contenidos con el que se financian los canales públicos; desde sus contenidos hasta su pasivo pensional. Sorprendentemente, la regulación no ataca con igual vehemencia a los competidores ilegales que ofrecen un servicio similar y no están sujetos a estas contribuciones. 

Los usuarios ya pagan impuestos por los servicios de streaming a través del servicio de internet; sin embargo, hay quienes consideran que esto es insuficiente. De hecho, en Chicago se creo un impuesto para los servicios basados en la nube, con lo que se busca sustituir el menor recaudo del impuesto a las ventas debido al creciente comercio en línea. Esta idea está lejos del modelo propuesto en Colombia según el cual se pretende regular el contenido de Netflix y que éste subsidie la televisión pública. 

La innovación implica replantear aspectos de la regulación, pero se debe buscar también preservar los beneficios que esta trae a los usuarios. La competencia es buena y debe promoverse; tratar de proteger las rentas de jugadores que se resisten a cambiar es una mala política económica.