Reconstruir va más allá de la generación de viviendas

Hoy, cuando el país avanza en la ejecución de la fase de reconstrucción de las diferentes regiones que resultaron afectadas tras el sismo del 10 de agosto, hay una pregunta que surge y es importante tener en cuenta desde los diferentes sectores implicados: ¿cómo hacer para que aquello que construyamos vuelva a ser un hogar, un barrio y una parte viva de la ciudad?

Desde Bogotá, con la aplicación de ‘Mi Casa en Bogotá’, hemos aprendido que una política de vivienda no empieza cuando se entrega una casa. Empieza mucho antes: cuando se decide dónde construir, cómo habilitar el suelo, cómo financiar la vivienda, quiénes podrán permanecer y cómo se conectarán esos nuevos hogares con el resto de la ciudad.

Esa experiencia es uno de los aportes que desde Bogotá, como lo ha dicho en diferentes espacios el alcalde Carlos Fernando Galán, hemos puesto a disposición de los territorios afectados por el sismo. No se trata de trasladar un modelo de manera automática. Cada ciudad tiene una historia, una estructura urbana, unas condiciones de suelo y unas comunidades diferentes. Se trata, más bien, de compartir instrumentos y aprendizajes que puedan adaptarse a esas realidades.

El primero tiene que ver con el suelo. Reconstruir miles de viviendas exige encontrar dónde hacerlo y hacerlo bien. La experiencia de Bogotá nos ha mostrado que habilitar suelo no es un trámite posterior a la política de vivienda: es una condición para que esa política funcione.

En los territorios afectados habrá que preguntarse qué puede reconstruirse en el mismo lugar, qué debe reubicarse y dónde. Habrá zonas en las que sea necesario desarrollar nuevos proyectos, pero también vacíos urbanos y sectores consolidados en los que la reconstrucción pueda contribuir a recuperar barrios existentes. La expansión no puede ser la única respuesta.

Los proyectos asociativos, la gestión del suelo y los instrumentos financieros necesitan una estructura técnica que permita hacerlos realidad. Esa experiencia puede ser útil allí donde la reconstrucción requiera combinar recursos públicos y privados, organizar la oferta de suelo y garantizar que los moradores originales tengan un lugar en la ciudad que se está reconstruyendo.

Pero el suelo no es suficiente. Una segunda tarea, quizá más compleja, consiste en conocer a las personas que habitan esos territorios.

Antes de definir la vivienda que se va a construir, debemos saber quiénes son sus moradores, cuáles son sus relaciones familiares, dónde trabajan, qué actividades desarrollan, qué redes comunitarias han construido y qué relación tienen con el lugar. La caracterización social no puede convertirse en un formulario para acceder a un subsidio. Tiene que ser una herramienta para entender el territorio y tomar mejores decisiones.
Por eso, la reconstrucción debe incorporar desde el comienzo a las comunidades, las juntas de acción comunal, las organizaciones locales y a quienes conocen el barrio desde antes del desastre. La propiedad y la titulación también serán asuntos centrales: saber quién puede permanecer, quién necesita ser reubicado y en qué condiciones es indispensable para que la reconstrucción no termine desplazando precisamente a quienes pretende atender.

Hay, además, una discusión fundamental sobre qué vivienda construir.

Colombia cuenta con normas de construcción sismorresistente que establecen condiciones indispensables para proteger la vida. Pero una política de reconstrucción no debería limitarse a que las viviendas nuevas cumplan la norma. También debería preguntarse qué hacemos con el parque habitacional que quedó en pie y que, aunque no colapsó, presenta condiciones de vulnerabilidad.

La reconstrucción debería estar acompañada de una estrategia de atención de esa vulnerabilidad existente. No todas las viviendas requieren ser demolidas y reemplazadas. Allí donde sea técnica y económicamente viable, mejorar, reforzar y recuperar puede ser una manera de proteger hogares y comunidades sin romper innecesariamente con los lugares donde las personas han construido su vida.

Y cuando sea necesario construir de nuevo, tenemos otra oportunidad: pensar en viviendas capaces de crecer con las familias.

El trabajo de Alejandro Aravena y Elemental en Chile ha mostrado una vía posible a través de la vivienda progresiva: concentrar los recursos iniciales en aquello que garantiza la calidad estructural y funcional de la vivienda y permitir que, con el tiempo, las familias puedan completarla de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. No se trata de entregar menos vivienda, sino de entender que una vivienda también puede ser un proceso.

Esa lógica puede ser especialmente relevante en una reconstrucción de gran escala. Permite pensar en soluciones que combinen seguridad, calidad, capacidad de adaptación y posibilidades de crecimiento, en lugar de concebir la vivienda como un producto terminado e idéntico para todos.

Pero hay una última conversación que no deberíamos dejar para después: la calidad de esos espacios. Porque reconstruir no puede significar simplemente reemplazar una vivienda que se cayó por otra que cumple la norma. Una vivienda segura es el punto de partida, no el punto de llegada.

La arquitectura tiene una responsabilidad concreta en esa discusión. No hablo de estética ni de decidir qué edificio es bonito y cuál no. Hablo de condiciones que inciden directamente en la vida cotidiana: ventilación, iluminación natural, entrada del sol, distribución, privacidad, relación con el espacio público, posibilidad de adaptación y confort térmico. Condiciones que hacen que una familia pueda reconocer ese lugar como propio.
Aquí tenemos que ser capaces de construir un gran acuerdo. Academia, sector público, constructores, desarrolladores, comunidades y profesionales de la arquitectura tenemos responsabilidades distintas, pero compartimos una obligación: que la vivienda que se produzca después de una tragedia no sea solamente segura, sino también digna, confortable, habitable y apropiable por quienes la van a vivir.

Eso implica pensar incluso en los incentivos de los proyectos y en una regulación que reconozca que no todas las ciudades tienen las mismas condiciones. Una norma urbana y habitacional pertinente debe responder a las características del territorio y permitir que seguridad, eficiencia, confort y calidad puedan coexistir.
Bogotá puede aportar instrumentos de vivienda, experiencia en gestión de suelo y conocimiento acumulado en la estructuración de proyectos. Pero, sobre todo, puede aportar una convicción: la política de vivienda no termina en la entrega de una unidad habitacional.

Reconstruir bien es recuperar hogares, proteger a quienes permanecen, reconocer las comunidades, atender la vulnerabilidad existente y construir barrios capaces de sostener la vida que allí ocurre.

Después de un desastre, la urgencia nos obliga a construir rápido. La responsabilidad nos obliga a pensar qué estamos construyendo.

Porque al final, reconstruir no es volver a poner ladrillos donde antes había una casa. Es crear las condiciones para que una familia pueda volver a sentir ese espacio como su hogar.