martes, 28 de julio de 2020

Más columnas de este autor Simón Gaviria Muñoz

La política monetaria la dirige el Banco República, la política fiscal MinHacienda, y la regulación nadie. Previo al ingreso a la Oecd, 77 entidades de la rama ejecutiva expedían por día hábil 3,4 decretos y 7,4 resoluciones. Más circulares, el camino al infierno está pavimentando sobre buenas intenciones. El estándar de expedición revisa el formalismo jurídico, pero no la calidad. Colombia es uno de dos países de la Oecd sin autoridad técnica en regulación. No solo debería el DNP cumplir este rol, sino la Contraloría ejercer su vigilancia.

El beneficio de la regulación debe superar su costo: suena obvio, pero no sucede. Según el DNP, entre 1994-2014 el exceso de regulación frenó el crecimiento de manufactura, servicios públicos, y comunicaciones. No hay una conspiración de funcionarios, pero la decisión de regular va más por intuición que por evidencia. En 2019, el 9% de las Mipyme creían que su principal problema era la complejidad normativa. La actitud de entidades con estrechez presupuestal para mostrar gestión muchas veces es regular. Nadie aplaude al funcionario que decide no regular. En el ranking del WEF de 2019 de sobrecarga regulatoria, Colombia fue 123 entre 141 y en facilidad para impugnar regulación 97. No solo se regula mucho, sino que no dejan opinar.

Por ende, Colombia necesita regular la regulación incorporando estándares de calidad. Exigir a las entidades responder con evidencia: ¿Qué se busca regular? ¿Cuánto cuesta implementar? ¿Qué beneficios traerá? ¿Hay alternativas? Desde 2014 se han hecho pilotos y en los reglamentos técnicos de Mincomercio y sector TIC ya es obligatorio. Para el resto de entidades de vigilancia y comisiones de regulación también debería serlo. Para no volverse una carga en sí misma, podría haber diferente rigor de análisis dependiendo del tipo de decisión.

Por lo general, los países empiezan con simplificación administrativa. La más reciente  ley hace obligatoria la mejoría bianual. Sin duda, los más de 62.000 trámites estatales son terreno fértil, antes de la pandemia solo 4% era digital. Estas son victorias tempranas, el resto toma más trabajo.

La generalización que toda desregulación es buena es equivocada, varias crisis financieras lo demuestran. Mejorar la regulación requiere conocimiento técnico del sector. Las reglas simples no funcionan, cuando el Reino Unido experimento con eliminar dos regulaciones para expedir una, el resultado fue simplemente tener resoluciones más largas. El cálculo costo-beneficio es complejo, pero cuando es viable es un insumo fundamental. Especialmente si la alternativa de gasto, regulación, y no hacer nada se ponen sobre la mesa.

El éxito requiere un responsable, en Colombia las oficinas jurídicas de presidencia se han opuesto por temor a que los gobiernos pierdan manejo. Tienen razón, pierden los gobiernos y gana el país. Generar un proceso técnicamente riguroso con medición costo-beneficio, consulta pública, y evaluación de impacto, mejoraría mucho la calidad normativa. Inclusive, algunas técnicas serían útiles en la elaboración de leyes y sentencias judiciales. El Congreso de Suecia una vez dedicó toda una legislatura a depurar el inventario legislativo. Ahora que se van a revisar los 72 decretos-ley del covid-19, estas técnicas podrían servir.