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Las leyes 142 (saneamiento básico) y 143 (energía) son los pilares de la profunda transformación de servicios públicos en Colombia de los últimos 30 años. Permitieron la transición de la ineficiencia politizada, a un modelo de Estado regulador que incentivó la inversión en cobertura y calidad. Su eje central fue la promoción de la competencia, entendiendo que los monopolios sin control, sean públicos o privados, perjudican al consumidor.
Adicionalmente, los pírricos presupuestos estatales, no alcanzaban para subsanar décadas de sub-inversión. Los avances tecnológicos demandan más inversión y competencia no menos. Con convergencia de telecomunicaciones, energía, y agua en retos de acceso de última milla física en el hogar y última milla digital en el celular, es hora de coordinar mejor la regulación.
El impacto positivo es indiscutible. Según datos de Andesco, entre 1990 y 2023, las coberturas en millones de usuarios aumentaron de manera exponencial: energía 4.023%, gas domiciliario 62.500%, acueducto 3.884%, alcantarillado 4.057% y aseo 4.843%.
Este crecimiento alcanzó, en muchos casos, coberturas cercanas a 97%-99%, siendo la ruralidad extrema el mayor obstáculo para una mayor expansión. Además, bajo los principios de estas leyes, surgieron sectores como internet fijo, telefonía móvil y televisión paga, desarrollados sin necesidad de recursos públicos. Al pasar de empresario a regulador, el Estado logró que actividades que antes generaban pérdidas ahora contribuyan con casi 11% del total del recaudo tributario.
La regulación del futuro debe abordar desafíos emergentes como el despliegue de infraestructura 5G, la disminución de pérdidas a través de medidores inteligentes, o la promoción de ciudades inteligentes. La última milla es crítica y la coordinación entre la CRA, Creg y CRC es fundamental, no pueden avanzar cada una como rueda suelta.
Estas entidades deben alinearse para gestionar la creciente interdependencia entre servicios: la facturación de energía asegura la viabilidad de servicios de aseo o la compartición de infraestructura de ciudades inteligentes. El futuro es convergente, pero persisten retos.
La crisis energética en el Caribe contrasta con los avances logrados por regiones con menores entornos de desarrollo. Las inversiones necesarias para salvar esta región, son tan significativas que solo dos empresas públicas (Pereira y Medellín) asumieron el riesgo, a costa aumentar los privilegios para las empresas previas a la Ley 143. La competencia se puede incentivar si se garantizan condiciones de igualdad, todos en la cama o todos en el suelo, y evitando la peligrosa influencia de la información privilegiada.
En su momento, la poderosa bancada antioqueña no permitió a separar las funciones de generación, distribución y transmisión. La privatización parcial de las de empresas municipales otorgan a privados ventajas no razonables en el espacio público. Propuestas de expandir el conglomerado de Ecopetrol a lo divino y lo humano generan más preocupaciones.
Cualquier actualización que regula la convergencia debe profundizar la inversión y la competencia. Antes de hablar de fusionar las comisiones de regulación, una vez el presidente logre nombrar la Creg, estas podrían empezar a hacer reuniones de coordinación de agenda regulatoria.
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