La realidad manda

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Los colombianos creemos, casi religiosamente, que cuando hay un problema la mejor forma de resolverlo es creando una ley o una nueva norma. El Congreso de la República y otras entidades enseñan, curiosamente, que el mejor indicador de su gestión es el número de leyes, decretos, circulares o resoluciones que emitieron. Sin embargo, lo que termina sucediendo muchas veces es que la realidad supera la legislación.

Claro, un buen marco regulatorio es necesario para ordenar el Estado, promover la actividad privada y hacer una eficiente política pública. Pero muchas veces no se requiere nueva normativa sino aplicar la que ya existe o modificarla para que se adecue al entorno social. Esto último sí que es relevante en el caso de las prohibiciones, que cuando van alejadas de la realidad terminan generando mercados paralelos, precios exorbitantes y menor bienestar.

Voy a mencionar dos ejemplos bien polémicos. El primero es la tasa de usura en el mercado financiero. La prohibición de colocar una tasa de interés más alta que la usura suena muy bonita inicialmente. Cualquier persona pensaría que es apenas “justo” que no se cobre más allá de un nivel que hace supuestamente impagables los créditos a los hogares y las empresas.

No obstante, el problema es que eso termina resultando al revés. Cuando la tasa de usura no es suficientemente alta, lo que se genera es exclusión de muchos consumidores que, por su nivel de ingreso, entre otros atributos, deberían tener una tasa de interés que cubra los riesgos del préstamo. El resultado es aún más paradójico: esos hogares y empresas excluidas buscan en el “gota a gota” respuesta a sus necesidades de financiación a tasas que superan con creces (hasta diez veces) lo que supuestamente no podían pagar en el mercado formal.

La realidad supera la legislación: cuando se necesita financiación, lo importante termina siendo conseguirla y adecuar la cuota que se paga, más allá de si la tasa es alta o no. La legislación acaba beneficiando a los que menos lo necesitan, los que sí pueden adquirir un crédito en el sector financiero formal.

La legislación acaba beneficiando a los que menos lo necesitan.

El segundo ejemplo es el salario mínimo. Nada más popular que las empresas paguen al menos un mínimo salarial y la prohibición de que el sueldo de cualquier trabajador pueda ser inferior porque supuestamente no puede vivir con menos. Pero aquí también la realidad supera la legislación: cuando el salario mínimo es tan alto, el resultado de esta prohibición es un mercado informal a donde llegan más de la mitad de los empleados de la economía, y donde las personas aceptan salarios menores porque es lo que se ofrece allí, sin prestaciones y vulnerables ante cualquier eventualidad.

La legislación termina beneficiando a los que menos lo necesitan: los empleados formales (muchos de ellos sindicalizados) que tienen todas sus prestaciones, salarios cada vez más altos y menor dificultad para conseguir empleo. En cambio, perjudica al resto de la población, con inferior capacitación, que gana menos que el mínimo porque quien los contrata no podía asumir costos tan altos en un mundo interconectado y cada vez más competitivo.

Los marcos normativos no resuelven los problemas si se alejan de la realidad de los ciudadanos. Más que pensar en más leyes o decretos, tal vez sea necesario detenerse a analizar qué funciona bien y qué necesita una modificación, siempre pensando que la realidad social manda.