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El proyecto de presupuesto para 2027 ya le pone nuevas cifras a la austeridad, más allá del aumento de $59 billones frente al proyecto anterior. Diez programas de subsidios dirigidos principalmente a la población más pobre pasarían de recibir $22 billones en 2026 a cerca de $13 billones. Son $9 billones menos, concentrados precisamente donde cada peso hace más falta.
El subsidio nacional a las tarifas de energía caería de $6 billones a poco más de $1 billón. Las transferencias de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, devolución del IVA y Renta Joven bajarían de $9 a $7 billones. El subsidio familiar de vivienda pasaría de $890.000 millones a apenas $80.000 millones, mientras la partida del Frech, que ayuda a pagar los intereses de los créditos de vivienda, quedaría en cero.
El presupuesto todavía está en discusión y las cifras pueden cambiar. Pero los presupuestos también revelan prioridades. Y esta propuesta ya permite ver quiénes pagarían buena parte del ajuste.
El Gobierno llegó anunciando austeridad y prometiendo reducir en 40 % el tamaño del Estado. Muchos entendieron que eso significaba eliminar duplicidades, contratos innecesarios y privilegios burocráticos. Ahora descubrimos que el Estado más pequeño también significa menos transferencias para los pobres, menos apoyo para pagar la energía y menos oportunidades para acceder a una vivienda.
La austeridad tiene factura. Y se la están pasando a quienes menos pueden pagarla.
Según la alerta presentada durante la discusión presupuestal, los recursos alcanzarían para financiar apenas 3,5 de los 12 ciclos previstos de Colombia Mayor. Renta Ciudadana se concentraría en 410.000 hogares de la línea de valoración del cuidado. Renta Joven tendría dinero para uno de los seis ciclos esperados.
Detrás de esas cifras hay meses sin ingreso para un adulto mayor sin pensión, alimentos que dejan de comprarse y jóvenes obligados a escoger entre estudiar o trabajar. En energía, el recorte puede transformarse primero en deudas con las comercializadoras y después en tarifas más altas para los hogares.
El riesgo social no es una especulación. El Dane, aquel que silenciaron hace pocos días, calculó que en 2025, las ayudas institucionales redujeron la pobreza monetaria en 1,5 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 1,6 puntos. En las zonas rurales, el efecto superó los tres puntos. Reducir esas ayudas amenaza con devolver a miles de familias a una pobreza de la que apenas comenzaban a salir.
El Gobierno podría responder que una reducción de la pobreza sostenida por subsidios es frágil porque no proviene de mayor productividad, empleo o creación de riqueza. Es una discusión económica legítima y antigua. Pero está mal planteada si obliga a escoger entre transformar la economía y proteger a quienes no pueden esperar años a que el crecimiento llegue.
Las transferencias no reemplazan una política productiva. Pero tampoco son su enemiga. Evitan hambre, sostienen trayectorias educativas y ayudan a que una crisis temporal no se convierta en pobreza permanente.
Las viejas recetas neoliberales regresan con otro lenguaje: eficiencia, sinceramiento y austeridad. Pero un Estado no es más eficiente porque abandone a más personas.
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