Comienza la última legislatura del actual período. Las reformas planteadas tienen un alto contenido en materia económica. Las discusiones van a estar caldeadas por un ambiente político cada vez más polarizado, con elecciones de congresistas y un gobierno con agenda que compromete su imagen e incluso su gobernabilidad.
Las negociaciones en La Habana, con un proceso de paz incierto y la eventual reelección del Presidente Santos, le quitan capacidad para su intervención en la meta de sacar adelante dichas leyes. El loable propósito y trámite de la paz tendrá influencia en los resultados electorales y en la economía colombiana. Y, ¡más polarización!
La reforma al sistema de salud puede debilitar la llamada Unidad Nacional, que le sirvió al Gobierno en los tres primeros años. La salud es un negocio que mueve más de $30 billones al año. Modificar el sistema afecta grandes intereses. Será quizás la ley más compleja.
El atraso en infraestructura del país es evidente y la mayor talanquera para el crecimiento. Por ello, el proyecto de ley, que ya inició trámite en el Senado, es vital para el desarrollo de la infraestructura, especialmente la de transporte. La dificultad y las protestas del sector rural encontraron una razón objetiva, que ha justificado el inconformismo de los campesinos, dados los costos de transporte de los productos.
¿Qué legislar para romper los cuellos de botella del sector de la infraestructura, tales como: la capacidad gerencial en la administración pública, la transparencia de los pliegos de las licitaciones, la agilización en la compra de predios, los permisos ambientales, los engorrosos trámites de las consultas previas y la coordinación institucional?
La reforma pensional es otro tema vital cuyo resultado puede aumentar el déficit fiscal, además de que su trámite ante el Congreso genera intereses encontrados. Hoy el sistema hizo agua y es inequitativo. De otra parte, el principal ahorro de los colombianos está en los Fondos de Pensiones, instituciones a proteger; el monto ahorrado en pensiones obligatorias, supera los $122 billones.
Como si fuera poco, Fedesarrollo indica que el contrabando es una considerable complicación para la industria y fuente de otros delitos. Pues bien, el proyecto de ley anti-contrabando apunta a penalizarlo como vinculado al de lavado de activos. Otra reforma tiene que ver con el mercado de valores y la regulación financiera; fenómenos como el de Interbolsa deben controlarse previamente y evitarse.
La estrategia del Presidente Santos de querer estar bien con todo el mundo y de solucionar los reclamos comprometiendo el presupuesto nacional, dificulta la gobernabilidad. Paros laborales, que con chequera del gobierno se levantan, envían una pésima señal.
No sobra recordar que, un proyecto de ley en el Congreso, puede transformarse, en su trámite, en un monstruo, como sucedió con la reforma de la Justicia. La falla de la administración de justicia es una de las peores dificultades de la Patria. La demora en los trámites hace que se desista de efectuar inversiones en el sector productivo.
Para concluir, los eventuales compromisos fiscales derivados de tan necesarias reformas, aparentemente requieren de fuentes de ingresos adicionales, lo que podría conducir a que el gobierno eche mano a inversiones estatales rentables, como vender Isagen, entre otros.
