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Con la responsabilidad del ELN, reconocida por parte del propio grupo armado insurgente, en el reciente ataque terrorista perpetrado con un carro bomba contra un centro académico de formación profesional, la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ubicada al sur de Bogotá, que provocó la muerte de 21 cadetes, la guerrilla amparada en un protocolo suscrito con el Gobierno, no puede hacer terrorismo en impunidad.
Pero, los pulsos dados por los gobiernos cuando dan ultimátum, sin un respaldo para hacer cumplir la decisión, los debilitan en el propósito. Casos como, el del dictador Maduro que dio tres días para que el Embajador de Estados Unidos en Venezuela se retirara de dicho país, o el del gobierno de Colombia al solicitarle al de Cuba la extradición de los jefes guerrilleros. Para nuestro caso, la propia Cuba, Noruega y de alguna manera Alemania, que más que testigos se sienten garantes, expresaron oficialmente que es necesario cumplir los protocolos.
Dichos protocolos establecen para el caso de la ruptura de la negociación, que en el evento de romperse los diálogos, como sucedió, los líderes negociadores del ELN podrían regresar a nuestro país en una aeronave dispuesta por uno de los países garantes y a sitio despejado de fuerzas armadas.
Por otra parte, el ELN ha encontrado refugio en Venezuela, con apoyo del chavismo, grupo armado que además defiende el régimen. Delinquen en territorio del país vecino. Allí encontraron refugio, la libertad para ejercer el adoctrinamiento; así como también han ampliado su actuar delincuencial y sus fuentes de financiación, incluidas tráfico de armas, minería ilegal y por supuesto protección de rutas de narcotráfico.
¿Con la eventual caída de Maduro, esa permeabilidad fronteriza se podría acabar?
No tiene sentido que el régimen de Maduro (que ha llevado a semejante crisis económica y social a Venezuela), no permita que ingrese ayuda humanitaria internacional con alimento y medicinas que allá escasean y, si propicie refugio y actividades de este grupo armado ilegal, en gran parte del territorio venezolano fronterizo con Colombia, a sabiendas que continúa cometiendo actos terroristas en nuestro país.
El argumento del actual gobierno colombiano, según el cual, no está obligado a cumplir los protocolos, por haber sido éstos acordados con el gobierno anterior, se debe revisar por cuanto puede ser peligroso para el futuro de las relaciones internacionales. En todo lo demás, la acción del actual Gobierno en esta materia merece el respaldo de todos los colombianos.
Un grupo de juristas coincide en que por haber países testigos en la mesa de diálogo que se instauró en Cuba, esos protocolos para poder lograr acuerdos tendientes a acabar la acción guerrillera son compromisos de Estado. También es cierto que, ante el incumplimiento de estos por parte del ELN, el actual gobierno colombiano, queda habilitado para combatir fuertemente la guerrilla y capturar a sus miembros.
Es inadmisible desde cualquier punto de vista que el ELN pretenda hacer creer que el asesinato de jóvenes recién ingresados a sus estudios sea catalogado como un acto de guerra. El gobierno del Presidente Duque no solo tiene la fuerza legítima de prevenir y atacar el terrorismo, sino que es su obligación.
