La vivienda en el PND

El proyecto de ley Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, del gobierno Petro, que propone fortalecer el poder presidencial, contempla cambios en la política de vivienda social, que representa cerca del 70% de la demanda. De manera adecuada busca garantizar el derecho a la vivienda de los hogares con menos ingresos y privilegiar la vivienda con componentes de construcción sostenible.

Plantea que la clasificación, con los topes de los valores de las viviendas sociales, tanto para VIS como para VIP, ya no sea en Salarios Mínimos sino en Unidades de Valor Tributario UVT. Cambio que no conviene, porque disminuye los topes del valor de las viviendas. A manera de ejemplo, la VIP de Renovación, hoy puede llegar a valer $139 millones y con las UVTS pasaría a $100 millones. Los costos, incluido mano de obra, para construirlas, están alineados a salarios mínimos, lo mismo que la cultura en la materia.

Con la situación de alta inflación, devaluación del peso, tasas de interés por las nubes, sumarle otro ingrediente, puede hacer inviables nuevos proyectos dentro de la formalidad. Por el contrario, lo que debería prever es subir el tope para VIP, para garantizar su oferta. La reglamentación que deja el proyecto de ley para el gobierno para determinar los incentivos en construcción sostenible y amigable al medio ambiente, puede desde ya quedar con que si las nuevas viviendas tienen la certificación de sostenibilidad (Leed, Edge y Casa), sería la medida.

La figura de preventas con instrumento fiduciario, que ha sido tan exitosa, al cambiar de “habilitado” a “interesado”, puede verse afectada según los bancos hipotecarios. El cierre financiero para el trámite de crédito constructor, con el habilitado, el banco lo viene aceptando por la firmeza de la preventa.

Mi Casa Ya es el instrumento que ha hecho más propietarios de viviendas formales en el país desde 2015. En el año que termina, el programa destinó 2,6 billones de pesos, para cerca de 60.000 subsidios. El presupuesto debe crecer para lograr mayor impacto en los hogares de estratos populares y en el empleo. Incluso, la posibilidad de redireccionar los recursos provenientes de subsidios familiares objeto de renuncia a otras actividades, van en la vía contraria.

Ahora bien, el Sisbén IV, es decir, la cuarta versión del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas del gobierno tiene inscritos a más de 30 millones de colombianos. Con la propuesta de atar Mi Casa Ya al Sisbén, puede tener mejoras en focalización, pero para algunos casos es excluyente. Es fundamental la depuración del Sistema y construir confianza. La bolsa de municipios que privilegia el programa debería aumentarse, sin afectar el buen comportamiento de los municipios de categorías 1 y 2, masivo generador de empleo en las grandes aglomeraciones.

La voluntad del Ministerio de Vivienda es toda, manteniendo el instrumento Mi Casa Ya, pero las propuestas analizadas no ayudan y por sobre todo se vuelve letra muerta sino aumenta su presupuesto. De forma complementaria, los municipios en su planeamiento y en su ejecución que, permitan la construcción de viviendas sociales, deben premiarse.