Estabilidad jurídica

El país requiere para progresar, para ofrecer empleo con seguridad y para crecer en competitividad, estabilidad jurídica y apoyo a la actividad empresarial formal; no lo que a diario sucede en vías contrarias.

La estabilidad jurídica es el respeto al estado de derecho. Se traduce, entre otros asuntos, en respeto a las normas especialmente por parte de las autoridades incluyendo las de control y tributarias, respeto a los contratos con el Estado, firmeza de las licencias expedidas por las autoridades, respeto a la jurisprudencia, fallos judiciales oportunos y en derecho; destacando aquellos que sirven para promover el entendimiento social, la inversión que se traduce en progreso y la generación de empleo formal.

La ciudadanía, en ocasiones, no entiende los inesperados cambios de jurisprudencia de las Altas Cortes. El cambio injustificado es un acto de inestabilidad jurídica. Confirma lo anterior, el caso reciente del fallo en contra del Club El Nogal, corporación que al igual que los otros afectados por el terror de las Farc, es víctima. Que la Corte obligue a esta institución a compensar a alguno de los demás damnificados, suena injusto.

Las Farc, hoy desmovilizadas, quienes fueron los victimarios, están indultados. En cambio, el Estado, con recursos de todos los colombianos, ha venido indemnizando y, ahora por incomprensible decisión judicial, se obliga también al Club a indemnizar económicamente a otra víctima. Por supuesto que las familias de 38 muertos y decenas de heridos tienen derecho a reparaciones, fundamentalmente a cargo de los victimarios. No al revés.

Incluso, de manera reciente, la misma Corte había liberado al Club El Nogal, entidad que demostró diligencia en la materia, por lo que ahora la condenan. Tal vez una tutela podría permitir no cambiar la jurisprudencia.

Las obligaciones de ofrecer seguridad a sus empleados, socios e invitados son de medio y no de resultado, como lo habían calificado los jueces y autoridades y así lo establecen sus protocolos y reglamentos. Con este fallo, los centros comerciales, los clubes deportivos y sociales, así como otras organizaciones de aglomeraciones, pueden rayar en inviabilidad, porque si llegan a tener un atentado terrorista, siendo víctimas, se pueden volver responsables económicos. Absurdo.

Por otro lado, cuando un juez tumba una licencia de construcción estando ejecutoriada y en firme, genera inestabilidad a la actividad formal, a beneficiarios de área, a prometientes compradores de vivienda, a entidades financiadoras con recursos de ahorradores. Las exigencias excesivas y por fuera de la ley, de algunas autoridades de control, corren la inversión y destruyen el empleo formal. En sentido contrario, la mitad de la construcción de vivienda se hace sin licencia y las entidades de control no vigilan a los informales.

La discrecionalidad que se apropia la administración gubernamental y la equívoca interpretación de sus funciones por parte de algunos servidores y funcionarios, aplicadas fundamentalmente a la actividad formal, baja nuestra competitividad e incentiva la informalidad. La estabilidad jurídica debe ser un propósito de Estado e irrefutable acuerdo social.