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El proyecto de reforma tributaria acaba con la construcción formal de vivienda de interés social.
En Colombia la vivienda digna es un derecho constitucional de los hogares, por lo que es obligación del Estado establecer las condiciones para la realización de este derecho y, tarea de las administraciones locales desarrollarlas, entre otros asuntos, incluyendo dentro de su plan de desarrollo lo pertinente para que se construyan de manera formal las viviendas que requiera cada región en consonancia con el planeamiento territorial.
La política pública del actual gobierno, de manera adecuada ha defendido la vivienda como principal patrimonio familiar, de inversión y de solución para el confinamiento. En particular, ha utilizado la promoción de la construcción de vivienda como instrumento económico y de equidad social, con grandes resultados para responder a la coyuntura del desplome económico derivado de la parálisis empresarial por la pandemia. Con el proyecto de reforma tributaria se podría “borrar con el codo lo que se hace con la mano”.
La reforma tributaria ha generado polémica por inoportuna, con excesos alcabaleros, que, en lugar de promover el necesario crecimiento económico y empleo formal, puede contribuir a mayor contracción. Desde el punto de vista de conveniencia, ha habido profundos análisis como el de Germán Vargas Lleras, que el Gobierno debería atender. Desde el punto de vista político, para que la reforma pase en el Congreso debe ser conciliada y el Gobierno debe proponer otras fuentes complementarias de ingresos para la necesaria atención del hueco fiscal.
Como está planteada la reforma tributaria, de manera general, es un golpe a la confianza inversionista y en particular acaba con la construcción de vivienda, especialmente con la vivienda de interés social, que ha sido el gran salvador en materia de empleo y de impacto positivo en la mayoría de los otros sectores económicos.
La eliminación de los beneficios al ahorro en fondos de pensiones y en cuentas AFC que históricamente han incentivado a la compra de vivienda; la disminución de la capacidad de compra de los empleados con mayores tributaciones y cero beneficios para adquirir vivienda; la eliminación de la devolución del IVA en los materiales que se utilizan para la construcción de la vivienda social y la excepción de renta para las empresas promotoras y desarrolladoras de estos proyectos sería el acabose.
Como ya se dijo, estos cambios en la política tributaria eliminarían incentivos económicos para la construcción de vivienda formal. Vale recordar que en el país anualmente se crean 280.000 nuevos hogares y el año en que más viviendas formales se han construido, hemos llegado a 170.000, con lo que además de acrecentarse el déficit habitacional, cerca de la mitad de las viviendas se desarrolla de manera informal, con nefastas consecuencias en planeamiento urbano y calidad de vida.
Ahora bien, debe fortalecerse el control a la evasión y luchar contra la informalidad de la economía, lo que contribuye a incrementar el erario público sin que necesariamente la fuente sea subir los impuestos a la actividad empresarial formal y sus empleados.
