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Analistas 07/03/2019

Tributación de hogares, Imporriqueza y la Ugpp

En un estilo bastante peculiar de “des-gobierno” a través de los micrófonos, el Congreso y la propia tecnocracia de la Administración Duque se están enterando que parte importante del articulado de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 está siendo reversado por el propio Presidente. En particular, se han echado para atrás las buenas iniciativas que se tenían en los frentes de: i) eliminar subsidios de energía que se vienen otorgando a la clase media; ii) afinar el cálculo de la base gravable de los impuestos a las bebidas alcohólicas y iii) facultar a los ministerios y departamentos administrativos para viabilizar el fondeo de proyectos de inversión con cargo al presupuesto de regalías, tarea que actualmente desempeñan los Ocads. En cambio, se continúa con el estribillo etéreo del “pacto por la equidad”, pero sin anunciar las medidas de fondo que conducirían a ello.

También se eliminó por micrófono la iniciativa de elevar la base de aportes a la seguridad social de los trabajadores independientes, la cual se proponía aumentar de 40% a 55% en el PND 2018-2022. Esta sí era una mala iniciativa que ignoraba el efecto que ya han tenido sobre el “ingreso disponible de los hogares” la Ley 1819 de 2016 y la reintroducción del Imporriqueza de la Ley 1943 de 2018. Como veremos, este tipo de medidas vendrían a drenar las ganancias en formalización laboral y, además, se tornan en medidas “leoninas” para los trabajadores independientes, pues equivale a otra forma disfrazada de Imporriqueza.

En efecto, a niveles de ingreso de $5 millones/mes (equivalente a casi cuatro veces el ingreso promedio), un trabajador independiente debe destinar 11,4% de su ingreso bruto a la seguridad social. Esta tasa efectiva se habría incrementado hacia 15,7% (+4,3 pps) si se hubiera aprobado elevar su base de aporte de 40% a 55%. Más aún, en el caso de la franja de ingresos altos ($10 millones a $35 millones/mes) se tiene actualmente un Imporrenta de 5% a 14%. Luego, al computar el doble efecto de los aportes a la seguridad social (sobre bases de 55% del ingreso) con dichos impuestos, se tiene que su ingreso bruto se vería mermado entre 21% y 31% para esta franja de ingresos, cifras desproporcionadas para estos niveles de ingresos. Siempre resulta conveniente que el gobierno, antes de hacer este tipo de propuestas, realice las matemáticas básicas para dimensionar su impacto sobre el ingreso disponible de los hogares.

Vale la pena comparar las tasas efectivas de tributación + contribuciones a seguridad social (a cargo del empleado) con las aplicadas en Estados Unidos. Por un lado, existe una significativa progresividad tributaria en el caso de los estratos medios-altos de los Estados Unidos. Por ejemplo, allí los quintiles más pudientes escalan a pagos efectivos del orden de 14% a 17,5% (en el caso de los quintiles 3 y 4) y llegan a promediar un oneroso 26,5% (en el quintil más rico).

En cambio, los hogares colombianos del tercer y cuarto quintil no pagan Imporrenta y, como ya lo mencionamos, contribuyen con 11,4% a seguridad social en el caso de los informales de los estratos bajos. Así, solo a partir de ingresos mensuales superiores a $5 millones/mes aparece en Colombia la obligación de pagar Imporrenta. Esto resulta insuficiente y, en ese sentido, la tecnocracia tributaria lleva años recomendando un gravamen de los ingresos a tasas tan bajas como 1%-3% para niveles de ingresos medios (aproximadamente $3 millones/mes). Pero lo que es un error es tratar de sustituir el no gravamen de Imporrenta con formas disfrazadas de Imporriqueza para los trabajadores independientes a través de la gestión arbitraria de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del Mhcp. La Ley 1943 de 2018 ya utilizó el poco margen que quedaba para gravar en Colombia a los estratos altos, pero dejó inalterado el componente de baja-nula tributación en los estratos medios y medios-altos. El problema es que el recaudo esperado de ese mayor gravamen del estrato alto en Colombia viene a ser tan solo de 0,3% del PIB (= 0,2% del PIB en Imporrenta + 0,1% del PIB en Imporriqueza), pues se estima que no existen más de 30.000 contribuyentes en esa franja. Todo lo cual indica que los gobiernos harían mal en ensañarse aún más contra esta franja, pues lo que se requiere es expandir más la base gravable del IVA.

Políticas de asedio exagerado a los trabajadores independientes terminarán por agravar el problema de informalidad laboral. Ya hemos comentado en el pasado cómo es un error trazarle tareas de persecución cuasi-tributaria a la al extralimitar sus funciones buscando bases de contribución de ingresos no-laborales hasta alcanzar el tope de los 25 SML en la base de la contribución a pensiones-salud. Este proceder es particularmente gravoso cuando se acaba de reinstaurar el Imporriqueza a través de la Ley 1943 de 2018.

¿Acaso no sería posible que Duque usara también los micrófonos para enderezar estas actuaciones arbitrarias de la UGPP, dada la reintroducción del Imporriqueza?