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La respuesta de algunos empresarios a nuestros reparos a la forma exagerada en que se ajustó en 10% el SML para 2022 ha sido que tal medida mostraba “su solidaridad” con la compleja situación macro-económica que estará enfrentando Colombia durante 2022-2026.
Este tipo de respuesta nos deja aún más preocupados, pues carece de un entendimiento elemental sobre cómo funcionan los mercados laborales y, viniendo de la Andi, es aún más grave al no distinguir entre las empresas formales y grandes que pueden y pagan por encima del SML respecto del gran cumulo de Pymes, Microempresas y la porción de otro 60% que operan en el borde del SML y la informalidad.
Este exagerado ajuste del SML es particularmente grave en el contexto de costos laborales no-salariales que continúan representando en Colombia un 52% sobre dicho SML. Esto implica que si el SML de 2022 es del orden de $1 millón/mes, pues cualquiera de esas Micro-empresas tendrá que disponer de $1,5 millones/mes para poder atender todas las obligaciones de cotizaciones a pensiones, Cofamiliares, riesgos profesionales y primas laborales (aparte de los costos de transporte y dotación).
Esto lo saben y viven día-a-día los afiliados a Acopi, cuya directora expresó inicialmente profundos reparos a esa medida de reajuste del 10% en el SML, pero por razones que desconocemos terminó plegándose a los gremios grandes (Andi, Asobancaria, Fenalco y SAC). Ha resultado difícil que “el establecimiento” entienda los beneficios que traería haber profundizado el desmonte de dichas cargas no-salariales hacia no más de un 30%, tras su acertada reducción de 63% hacia el actual 52% como resultado de la Ley 1607 del 2012 bajo Santos-I.
Han sido ellos los que recurren a argumentos abstractos (a-teóricos) sobre los beneficios de “solidaridad” vía SML. Lo obvio es que si ellos quisieran hacerlo, sin incurrir en graves errores institucionales, pues siempre existe la posibilidad de elevar el salario-medio en cifras superiores a las de la productividad laboral, que fluctuaron entre 1% y 2.5% para 2021, según el DNP. Inclusive el abogado Vargas Lleras trajo a colación al premio nobel David Card supuestamente diciendo que elevar el salario mínimo por encima de la regla universal (inflación más productividad) no traería efectos negativos.
Pero resulta que esto no es cierto, ni es lo que recomendó dicho economista canadiense para Colombia. Card explícitamente dijo que “si el salario mínimo es similar al salario medio (como ocurre en Colombia), elevarlo de forma exagerada sería negativo para la generación de empleo formal”, ver Bloomberg, octubre 21 de 2021.
Los estudios de Card sobre baja incidencia laboral en ajustes del salario mínimo tuvieron que ver con situaciones particulares de New Jersey en empleos de las cadenas de comidas rápidas y siendo la principal diferencia que, en general, en los Estados Unidos no más de 15% del mercado laboral devenga el SML. Otra monumental diferencia es que allá el salario medio casi triplica el SML, luego este último no es determinante para el grueso del mercado laboral (ver gráficos adjuntos).
Esto quiere decir que cuando sus empresarios desean expresar “solidaridad salarial” lo hacen de verdad a través de beneficiar a ese grueso laboral de 85% premiando su alta productividad laboral. Y allá 90% del mercado laboral cumple con las regulaciones laborales que se caracterizan por su elevada flexibilidad y un mínimo de “impuestos escondidos” en las obligaciones de seguridad social.
La restante solidaridad laboral la expresa el Estado a través de múltiples programas de seguro de desempleo, extendidos generosamente durante la pandemia 2020-2021. En Colombia esta “solidaridad” ha tenido que estar muy limitada por la baja relación Recaudo/PIB, estancada en 13%-14% del PIB por la reticencia a profundizar el IVA a la tasa de 19% y, entre otras, por el desmonte del impo-patrimonial de hogares ricos a partir del 2022 (¿Cuál solidaridad, hermanos?).
En cambio, en Colombia 60% de los trabajadores del mundo formal están sujetos al SML; y 80% devenga menos de dos SML. Además, se estima que en ese otro mundo de la informalidad laboral menos de un 50% alcanza a recibir dicho SML. Y carecen, por supuesto, de la más mínima seguridad social, teniendo el Estado que expandir sus programas de Familias en Acción y Adulto Mayor para evitar que caigan en pobreza (la meta debería ser duplicar de forma sostenida estos programas hasta alcanzar un 2% del PIB), pero primero se requiere elevar el recaudo.
Nuestros argumentos son empíricos y sobre las trayectorias históricas ocurridas en Colombia, no en New Jersey. Estos describen 30 años de compleja dinámica entre la inflación, el desempleo y la informalidad, que algunos de sus dirigentes harían bien en repasar, pues parecen haberla olvidado selectivamente al ejercer como dirigentes gremiales.
