Reforma y calidad educativa

El gobierno radicó un proyecto de reforma educativa que tiene componentes estructurales (como elevar a “derecho fundamental” la educación), componentes presupuestales y de gestión, pero el grueso de ellos difícilmente lograría mejorar la calidad educativa en Colombia, especialmente la de carácter público. Dicho proyecto parte de la errada premisa de que la falta de recursos públicos asignados al sector educativo sería la explicación fundamental de la pésima calidad educativa.

Pero los datos más recientes indican que la asignación educativa en Colombia bordea 5% del PIB, igual al promedio Ocde, estando por debajo de 6% del PIB asignado en Brasil y Chile, pero por encima de 4% del PIB asignado en Perú o México (JPMorgan, 2023 “Latam: So Far Gain, with Small Pain” pág. 31). Y lo que sale claro de estos datos es que no existe una correlación significativa entre asignaciones presupuestales educativas y la calidad de la misma.

Por ejemplo, Japón y Corea del Sur tan solo asignan 3% y 4,5% del PIB al sector educativo y con esos recursos obtienen entre los mejores resultados en materia de aprendizaje de sus jóvenes, según las pruebas internacionales (Pisa). América Latina, por el contrario, con esas altas asignaciones presupuestales registra las mayores proporciones de “rajados” en simultánea en las tres áreas evaluadas (matemáticas, comprensión de lectura y ciencias). En el caso de Colombia, esa proporción de rajados en simultánea llega casi a 50% de los jóvenes evaluados. Y en el ranking global de habilidades (entre 110 países), Brasil, México, Perú y Colombia figuran en las posiciones 80-94, donde el único que sale bien librado es Chile en la posición 42.

La principal razón para tal descalabro en calidad educativa proviene de “la toma sindical” del sector educativo en América Latina. Curiosamente, este también ha ido el caso de los Estados Unidos, obteniendo resultados que están muy por debajo de las posiciones de vanguardia de Asia y países Nórdicos. En efecto, tras unirse los sindicatos de maestros del Este con los del Oeste, aseguraron allí una base sindical de unos 3 millones de afiliados, lo cual se ha traducido en serias dificultades para mejorar la calidad educativa pública.

Al igual que ocurre en Colombia, la clase media que busca “el ascensor social” para sus hijos, debe realizar tal esfuerzo educativo en la educación privada, donde se ve una constante amenaza a la expansión del sistema de “vouchers”, los cuales al menos les dan mejores opciones en calidad. Si la voluntad de enseñar está supeditada a la “extorsión presupuestal” del sector educativo, lo más probable es que al asignar mayores recursos, sin ningún condicionamiento de mejor desempeño en el aprendizaje estudiantil, se tengan resultados “poco elásticos” a esa mayor asignación presupuestal.

En el cuadro adjunto ilustramos cómo el grueso de los elementos que determinan la calidad educativa no necesariamente descansa sobre el volumen presupuestal allí asignado. Por ejemplo, los expertos en calidad educativa llevan décadas impulsando el “empoderamiento” de las directivas de las escuelas como uno de los mejores instrumentos para asegurarlo. En Colombia ese grado de empoderamiento es más bien moderado, pues están sujetos a las “directrices-Fecode”; y está demostrado que se obtienen buenos resultados regionales, inclusive en zonas apartadas, cuando se logra ejercer esa iniciativa y se cuenta con el personal idóneo para ello. El otro elemento vital en calidad tiene que ver con la atención desde “primera infancia”, cuando se gestan las bases del aprendizaje. En esto la reforma apunta en la dirección correcta, pero aun no es claro si la instrumentación será la adecuada, tras el fracaso de los albergues Icbf, según diversas evaluaciones de impacto.

Un tema recurrente en el debate educativo global ha tenido que ver con la posibilidad de lograr un rompimiento del círculo vicioso que se tiene en América Latina, donde llegan a ser maestros los estudiantes con rendimientos más bajos y, por lo tanto, dichos educadores mostraban remuneraciones por debajo del promedio, respecto de carreras como ingeniería, económica, etc. Pero en las dos últimas décadas, al menos en Colombia, ha ocurrido una nivelación de dichas remuneraciones para los maestros (con una brecha inferior a 10% en la actualidad y con la seguridad de sus puestos de trabajo casi de por vida); no obstante, esto no se ha reflejado en mejoramientos significativos en el desempeño de las pruebas Pisa (antes comentadas); Fedesarrollo (2022, ¿Qué hacer en educación?).

También se ha debatido mucho la importancia del material pedagógico, pues estudiantes de intermedia que enfrentan maestros deficientes bien pueden avanzar (casi solos) en su aprendizaje, apoyados en dicho material. Y con el mundo digital, esta posibilidad se catapulta aún más, siempre y cuando la cobertura de internet llegue a las zonas marginadas. Pero datos recientes indican que se combinan deficiencias en conectividad con la volatilidad en el servicio de energía para cerca de 40% de dichas zonas.

Todo lo anterior debe desnudar la gravedad del problema de baja calidad educativa proveniente de elementos estructurales difíciles de corregir: elevada politización del gremio de los educadores y una propensión elevada a pensar que el problema se resuelva asignando mayores recursos públicos, así las dos últimas décadas indiquen lo contrario.