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La consolidación del posconflicto conlleva múltiples desafíos para el sector rural, tales como: i) lograr la absorción de buena parte de la mano de obra desmovilizada; ii) profundizar la inclusión financiera de la población rural; y iii) dotar de infraestructura productiva el campo, tanto en vías secundarias-terciarias como en distritos de riego y centros de acopio.
Lograr avances en todos estos frentes será la única forma de llegar a apuntalar lo conseguido en los recientes Acuerdos de Paz. Un vehículo clave para trabajar en esta dirección radica en explotar el potencial que ofrecen los proyectos agro-industriales de la zona de la Orinoquía, tal como lo ha venido señalando Anif ya por más de 15 años (ver Informe Semanal No. 1029 de junio del 2010).
Recordemos que, durante el período 2010-2016, el agro tan solo ha logrado expandirse a tasas promedio de 2,8% anual, cifra que se ubica por debajo de 4,3% anual de la economía colombiana en su conjunto.
Ello se explica por: i) la crisis de rentabilidad del sector (altos costos de producción y bajos precios pagados al productor); ii) las condiciones climáticas extremas en algunas zonas rurales de Colombia, lo cual ha generado restricciones temporales a la oferta; y iii) el llamado “Costo Colombia”, particularmente afectado por la carencia de infraestructura rural (sobre todo en vías secundarias-terciarias, distritos de riego-drenaje y centros de acopio).
A ello hay que sumarle los recurrentes recortes presupuestales al sector agropecuario. Por ejemplo, el presupuesto de 2018 asigna al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Madr) tan solo $2 billones, lo cual representa una contracción de -31% frente a los $2,9 billones de 2016 (ver gráfico adjunto). Si bien se habla de “capitalizar la nueva institucionalidad rural” (agencias de tierras, desarrollo rural y renovación de territorio), los recortes al Madr son de cerca de -54% frente al pico presupuestado en 2014 ($4,3 billones).
El aprovechamiento agroindustrial de la Orinoquía resultaría vital para absorber la mano de obra desmovilizada (ver Informe Semanal No. 1262 de abril de 2015). Si bien se han superado algunos problemas jurídicos en las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), tener que recurrir al Conpes y al Consejos de Ministros para aprobar cada proyecto no luce lo más expedito. La tarea de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) estará supeditada al delicado “equilibrio político” que estará permeando el posconflicto.
Otro desafío que tendrá la Orinoquía para convertirse en la anhelada despensa del mundo será el perfeccionamiento de vías secundarias-terciarias, que permitan conectar esos futuros proyectos con los centros urbanos y centros logísticos. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), intervenir los cerca de 180.000 km. de la red vial secundaria-terciaria estaría costándole al Estado unos $19 billones (cifra superior, por ejemplo, al costo de los proyectos de infraestructura de primera ola de las 4G, que asciende a $12 billones).
La situación presupuestal en este frente es tan precaria, que tan solo se tiene previsto llegar a intervenir menos de 10% de dicha red vial a través de un presupuesto de $1,3 billones en el futuro cercano.
También están mermados los proyectos fluviales. Por ejemplo, el río Meta como arteria de la Orinoquía requiere no menos de $6 billones que no están en las cuentas presupuestales de ninguna entidad pública. Y en el frente ferroviario hemos ido de fracaso en fracaso, donde los concesionarios del Pacífico han abandonado proyectos vitales.
Si alguna lección debemos estar aprendiendo en América Latina es que hasta África está avanzando más rápidamente en dotación agrícola. En particular, se han empezado a superar algunos lastres históricos, tales como los tradicionales esquemas de controles de precios, los subsidios a los fertilizantes y la elevada carga tributaria.
Recientemente, se tiene un positivo reporte de aprovechamiento del bajo costo de la mano de obra y del uso de variedades de cultivos adaptados a los suelos áridos africanos (ver The Economist, “A green evolution”, marzo 12 de 2016).
