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Claramente, uno de los grandes logros de la administración Santos I-II fue la reducción de los índices de pobreza e indigencia 2010-2018, acercándose a las metas trazadas en sus Planes de Desarrollo.
Los datos más recientes señalan un descenso de la pobreza monetaria absoluta de niveles de 37,2% a 26,9% de la población durante el período 2010-2017, lo cual implica una reducción de -1,5 puntos porcentuales (pp)/año. A pesar de estos grandes logros, en Colombia todavía tenemos casi 13 millones de ciudadanos cuyos ingresos por debajo de $1 millón/mes (equivalente a 1,3 SML), con los cuales deben sobrevivir familias de dos adultos y dos niños.
También se registraron avances importantes en la reducción de los llamados “niveles de indigencia” o pobreza monetaria extrema, la cual pasó de cifras de 12,3% a 7,4% de la población en 2010-2017, implicando una disminución de -0,7 pp/año. Nuevamente, a pesar de este notable avance, todavía te- nemos 3,5 millones de colombianos que tan solo reciben ingresos para reponer su desgaste físico, pues sus ingresos familiares tan solo llegan a $465.320/mes (0,6 SML) para atender a cuatro personas.
Infortunadamente, el grueso de estos favorables resultados sociales no provino de cambios estructurales hacia una mejor aplicación de los recursos públicos en la lucha contra la pobreza. Ello tuvo más que ver con el auge minero-energético del período 2010-2015, el cual permitió expansiones del PIB-real a ritmos de 4,5% anual y con reducciones del desempleo de 11% hacia 8,9%, en momentos en que afortunadamente la inflación se mantuvo controlada en el rango 2%-4% anual.
Cabe aplaudir, en todo caso, la resiliencia que ha mostrado la economía colombiana durante el duro período 2016-2018, donde el deterioro macroeconómico resultante de crecimientos económicos inferiores a 3% anual y el escalamiento del desempleo hacia 9,6% (promedio anual) aún no han reversado lo gana- do en la lucha contra la pobreza.
De allí, la urgencia de que la nueva administración Duque (2018-2022) entre rápidamente a implementar los correctivos que han resultado del buen diagnóstico del DNP sobre la mejor forma de focalizar los escasos subsidios públicos en la lucha contra la pobreza. Esto es fundamental en los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor.
Sus resultados dependerán de tres factores fundamentales: i) la aceleración que se logre en el crecimiento del PIB-real hacia la franja 3%-3,5% durante 2018-2020; ii) la reforma laboral que debe flexibilizar el mercado laboral, especialmente el de los jóvenes; y iii) la forma en que se encaren las serias limitaciones presupuestales, donde la inversión productiva se ha venido recortando de 1,8% del PIB histórico a cerca de 1% del PIB, al tiempo que Familias en Acción tan solo dispone de un 0,1% del PIB (vs. 0,5% del PIB del promedio regional).
Nótese cómo esto último tendería a agravarse por cuenta de la meta de recorte del gasto público trazada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, donde dicho gasto descendería hacia el 18% del PIB durante 2018-2022 (vs. el 19% de PIB en 2017).
Ahora bien, estos progresos en la lucha contra la pobreza-indigencia se ven desdibujados al constatar que la concentración del ingreso, aunque ha dismi- nuido en la última década, todavía se mantiene por encima del promedio de América Latina. En efecto, el coeficiente de Gini se ubicó en 0,51 en 2017 (vs. 0,56 en 2010), nivel superior a 0,48 observado en la región.
Mas allá de los efectos de las políticas educativas hacia el mediano plazo, lo urgente es corregir las serias desigualdades resultantes del perverso efecto regresivo de los subsidios pensionales (tipo “Hood Robin”) a través de una Reforma Estructural Pensional, cuyos detalles hemos venido divulgando.
Evolución pobreza absoluta
La línea de pobreza absoluta está definida como el costo mínimo de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios. Para 2017, dicha línea se estableció en $250.620/persona/mes y el porcentaje de colombianos que recibieron un ingreso inferior a esta fue de 26,9%, después de haberse situado en 28% en 2016. Esto significó una caída de -1,1pp, ganancia inferior al promedio de -1,5pp/año en 2010-2016.
Conclusiones
Se deberá trabajar en: i) mejorar la focalización de los programas sociales en Colombia, especialmente en momentos de afugias fiscales del Gobierno, donde haber detectado la problemática del Sisbén por parte del DNP es un primer paso, pero ahora debe acelerarse la cura de las anomalías encontradas por la vía de la depuración de datos y el diseño de un “estatuto orgánico de subsidios”; yii) implementar una verdadera Reforma Estructural Laboral, donde será clave flexibilizar el mercado laboral, reduciendo los costos no salariales (de 50%), y crear alternativas profesionales en la secundaria para que los estudiantes puedan escoger entre el bachillerato clásico y una opción vocacional.
Tal como pronto lo experimentará la administración Duque, los desafíos sociales y económicos son múltiples y urgentes. Les deseamos buena suerte en estos cometidos, donde mucho dependerá de las tempranas reformas que se logren en lo laboral, pensional y tributario.
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