Narcotráfico, Estado y Democracia

La primera visita internacional que realizó el electo presidente Duque, en junio de 2018, fue al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí le informaron detalladamente la delicada situación de escalamiento de los cultivos y comercialización de drogas ilícitas desde el territorio colombiano.

Casi tres meses después, Trump hizo público su desazón con dicha situación, dando mensajes de que Colombia “debería aplicarse en esta materia”, pero evitó “descertificar” al país, probablemente por razones de su debilidad en política interna.

Las cifras de expansión del narcotráfico son realmente preocupantes, pues no se trata ya de la “simple” exportación del mal, para que los gringos se envenenen a su antojo, sino del escalamiento del consumo local en Colombia, con graves daños para una juventud capturada por el vicio.

El área cultivada se ha expandido de unas 80.000 has. hasta cerca de 210.000 has. durante los últimos cinco años, mientras la producción se ha cuadruplicado hasta alcanzar cerca de las 920 toneladas/año, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos. Si bien la interdicción también ha incrementado a ese ritmo, es claro que el negocio de los ilícitos ha enriquecido a sus participantes, pues sus ingresos se estiman en el equivalente a 3% del PIB de Colombia (unos US$13.000 millones/año).

La forma de aparición de estos recursos en nuestra economía es múltiple: envíos de dólares desde el exterior encaletados bajo la forma de efectivo; reintegros ficticios de recursos bajo formatos de “turismo” o “remesas del exterior pitufeadas”.

Anif ha venido explicando que ni el volumen de turistas ni el número de trabajadores en el exterior riman con los incrementos que se han visto en estos rubros de turismo o remesas del exterior.

Este escalamiento del narcotráfico ha sido particularmente fuerte en el caso de Colombia por cuenta de la permisividad del Gobierno Santos mientras adelantaba el complejo proceso de paz durante el prolongado período 2014-2018.

Sin embargo, esa “narcotización” no ha sido exclusiva de Colombia, pues Bolivia y Perú también han estado en una carrera similar. Toda esta “cadena productiva ilegal” aflora en la complicada comercialización global de narcóticos que se expande desde el norte de Argentina, pasando por la zona Andina y Centro América, hasta catapultarse desde México hacia los Estados Unidos y Europa.

Estados Unidos ha estado apoyando presupuestalmente esta batalla antinarcóticos asignándole a Colombia cerca de US$350 millones/año (incluyendo aquí recursos destinados a sustitución de cultivos). También recibe ayuda de los Estados Unidos el Perú, por valor de unos US$150 millones/año, pero Bolivia se “rebeló” desde hace varios años ante tales programas y se ha limitado a esquemas de supuesto autocontrol.

El cuadro adjunto resume la paradoja que encierra la lucha antidrogas en los casos de Colombia y Perú (países “aliados” de los Estados Unidos) vs. los que no-colaboran como Bolivia. Por ejemplo, aunque en Colombia no se tiene tradición ancestral de grandes cultivos de coca, según el último informe del Departamento de Estado, la producción de cocaína se ha cuadruplicado en los últimos cinco años hasta alcanzar las 910 toneladas/año; mientras que en Perú se obtienen unas 470 toneladas/año y en Bolivia unas 275.

Aplicando tasas de incautación cercanas a 40% en Colombia, se tendrían ventas al mercado de cocaína por unas 546 toneladas/año, mientras que con tasas de incautación de 5%-10% en Bolivia y Perú, la oferta al mercado de cocaína llegaría a unas 259 y 428 toneladas/año, respectivamente.

Varios presidentes de México, Perú y Colombia han expresado que esta guerra antinarcóticos se ha estado perdiendo y que el escalamiento obedece al creciente consumo de los Estados Unidos y al fácil acceso a las armas con el que cuenta la delincuencia organizada. Tal vez todos estamos de acuerdo en su escalamiento, mas no en la repartición de las culpas ni en las estrategias más eficaces para contenerla.