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Ante la llegada de la Administración Petro (2022-2026), se viene discutiendo la nueva política anti-drogas que estará tomando Colombia. No sorprende ver que postulados Petristas coinciden con varios académicos que recomiendan abandonar los esquemas de lucha anti- narcotráfico: ambos mencionan que, siguiendo la experiencia de la “era de la prohibición” del alcohol y el tabaco de los años 1930, debe procederse a “cantar victoria” y legalizar todas las drogas, rindiéndonos así ante el abismal poderío que ha tomado el narcotráfico (desde México y Colombia hasta Turquía y Afganistán).
La legalización comprendería no solo las “inofensivas” drogas blandas (hongos y marihuana), sino también las peligrosas drogas duras (crack, éxtasis, opioides, meths; basadas en coca, opio y múltiples con origen de laboratorios). Aun los estudiosos del tema (como Blattman y su equipo desde la Universidad de Chicago) parecen desconocer el negativo efecto social e institucional que está teniendo el “experimento” de este tipo montado por López-Obrador (Amlo) en México durante 2019-2022. Con razón advierte The Economist (“The War on Drugs” Oct. 15 del 2022) que esta política de países-parias líderes en legalización de peligrosas drogas bien podría resultar en nuevos narco-gobiernos.
La estrategia Amlo se ha focalizado en: i) no combatir abiertamente a la mafia por el temor a que su atomización genere mas violencia al tenerse mas bandas peleándose el negocio; ii) crear una nueva elite de lucha “inteligente” (a cargo de la Guardia Nacional) evitando el maridaje que se ha evidenciado a nivel de la lucha territorial, donde al menos 6 Estados son controlados por los propios mafiosos; iii) incrementar el pago de subsidios a los pobres para evitar que, por sobrevivencia, estos queden al servicio de las mafias; y iv) controlar el flujo de armas proveniente de los Estados Unidos (ver The Economist, “Narco Nastiness”, 3 de Septiembre de 2022). Vale la pena revisar los fracasos que se han tenido en todos estos frentes.
Sobre la idea de atomización de la guerra anti-narcos, se decía que bajo el presidente Calderón había escalado fuertemente la tasa de homicidios) pasando de 10 homicidios (x cada 100.000 habitantes) a casi 24, durante 2007-2012 (ver gráfico adjunto).
Se creía que ese era el resultado directo de tenerse mas bandos peleándose el negocio a medida que caía la cúpula del negocio. Pero resulta que, durante 2012-2015, la mano también dura de Peña-Nieto logró reducir la tasa de homicidios de 24 hacia 17, mejorando su coordinación de lucha al apoyarse en los Estados Unidos.
Sin embargo, es claro que dicha lucha no estaba ganada y que ella se recrudeció durante 2016-2018, volviendo a repuntar la tasa de homicidios hacia 22. Sin embargo, esa cifra todavía estaba por debajo de 25 que ha tenido Colombia de forma sostenida durante 2016-2022. ¿Y qué ha ocurrido entonces bajo la nueva estrategia Amlo?
Las cifras recientes de México indican nuevo repunte hacia tasas homicidios de 28, al corte de agosto del 2022, frente a solo dos en países Nórdicos o España. Y hasta en Estados Unidos se tienen tasas de homicidios de 10. Es decir, México han continuado con una política de “mas balazos que de abrazos”, solo que esta vez es a manos de las propias bandas delincuenciales, mientras la Guardia Nacional mira impávida (... sin investigar, sin capturar y sin extraditar).
La atomización del negocio ha continuado y ahora gravemente alimentada con un incontrolable flujo de armas desde los Estados Unidos. Y este ya no es un problema exclusivo de los seis Estados narcos, sino que la propia tasa de homicidios en Ciudad de México se ha duplicado bajo Amlo. Algo parecido ha venido ocurriendo con los ajustes de cuentas en la principales ciudades de Colombia, incluyendo a Bogotá en lo corrido de 2022.
Buena parte del problema es la carencia de un Estado organizado para tal fin y, además, se tiene el problema de bajas asignaciones presupuestales en México. En efecto, mientras que en México tan solo se asigna 1% del PIB a los temas de seguridad, en Colombia estos bordean 3,5% del PIB y la media regional está en 2% del PIB.
Dada la afinidad ideológica con Amlo, no debería entonces sorprendernos que, en el futuro inmediato, Colombia muestre un grave deterioro en sus resultados anti-narcóticos. La estrategia de “Paz Total”, incluyendo la revisión de los tratados de extradición, debilitará seriamente al Estado y ello traerá el escalamiento del narcotráfico, iniciado durante 2016-2018.
Infortunadamente, el paralelo de manejo Estatal entre México y Colombia no concluye allí. Por ejemplo, Amlo ha venido insistiendo en la importancia de crear en su propio Estado una gran refinería, cuyo costo de US$8.000 millones se asemeja al costo de Reficar bajo Uribe I-II y Santos I. También se habla de la importancia de “autonomía energética”, mientras que bajo Petro se habla del etéreo sueño de mas energía no-fósil. Bajo Amlo se ha concretado la reversa en reformas pro-mercado que daban participación importante a la iniciativa privada en el suministro de energía, mejorando su cobertura y abaratando el servicio (tal como había venido ocurriendo en Colombia tras los desastres de los años ochenta tipo Corelca). La convergencia cantinflesca de estos dos países resulta preocupante.
