Incrementos del IVA

Recientemente hemos escuchado tajantes rechazos a la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios de incrementar la tasa general del IVA de 16% a 19% y a la idea de eliminar injustificadas tasas diferenciales para toda una gama de productos que deberían gravarse a la tasa general.  

Los primeros rechazos provinieron del Partido Conservador, lo cual nos sorprende, pues históricamente (y allí están las leyes para que lo corroboren) ha sido un partido comprometido con la ortodoxia fiscal.  Fue precisamente el partido conservador el que lideró, bajo Belisario Betancourt, el ordenamiento tributario durante el difícil periodo de crisis internacional de 1982-1986; también lideró en el Congreso de la República un nuevo ordenamiento tributario en 1998-2002 bajo Andrés Pastrana, tras la grave crisis hipotecaria que heredara de la administración Samper de 1995-1997.

Nos ha sorprendido mucho menos el rechazo a incrementos del IVA que posteriormente expresara también el Partido Liberal, paradójicamente hoy liderado por Serpa (“el escudero de Samper”).   Dicho partido ha olvidado casi totalmente su ideario de “social democracia” de corte europeo, donde es bien sabido que la amplia cobertura de seguridad social en salud-pensiones tan solo está siendo viable a través de llevar la tasa del IVA de 19% hacia 21%, tal como ha ocurrido recientemente en España.  Ha optado más bien por una demagogia-populista de “protección social”, no muy diferente de la izquierda del Polo Democrático, sin mayores reparos a la peligrosa escalada de la deuda pública (hoy bordeando cerca de 55% del PIB, solo marginalmente inferior a la situación de crisis alcanzada en 2002).

Pero tal vez la mayor sorpresa de rechazos al IVA ha provenido del Consejo Gremial, donde el desalineamiento civil representa la mayor amenaza a la estabilidad fiscal del periodo 2016-2020.  La esquizofrenia empresarial radica en que a nivel de discusiones académicas todos parecen coincidir con la urgencia de allegar cerca de 2% del PIB en tributación adicional para contener la espiral de la deuda pública, pero a nivel gremial todos quieren que les mantengan sus generosas exenciones tributarias (en productos agrícolas, en subsidios a las tasas de interés hipotecarias o en devoluciones de IVA) y, además, que les rebajen las onerosas tasas de tributación de imporrenta e impopatrimonio (promediando 50% para las grandes firmas).  ¿Cómo rebajar las exageradas tasas de gravamen sobre el capital sin pensar en ampliar los gravámenes al consumo?

La respuesta facilista ha sido la de acabar (casi por decreto) la “corrupción Estatal”, la elusión y la evasión tributaria.  Inclusive se escuchan planteamientos de “ladrones de cuello blanco” que afirman que solo pagarán lo de Ley cuando dejen de robar los congresistas (... ¿Pero acaso no son estos delincuentes de cuello blanco peores que aquellos, pues deciden robarse la tributación ellos primero?).  Lo que es claro es que reducir la “corrupción a sus justas proporciones” no solo tomará otra década, sino que ello en sí mismo sería insuficiente para cerrar la brecha presupuestal que se ha venido abriendo por cuenta de las presiones de gasto en pensiones (muy regresivas), gastos en salud (desbordados y sin acotamiento tras la Estatutaria en Salud) y los gastos en infraestructura cuyas garantías Estatales ya representan cerca de 12% del PIB en VPN a través de “las vigencias futuras”.

Retomar la senda de la sostenibilidad fiscal durante 2016-2020 requiere acortar una brecha presupuestal del orden de 3% del PIB, de los cuales 1% del PIB deberá hacerse a través de recortes del gasto y los otros 2% del PIB mediante la mayor tributación.  La piedra angular de los recaudos adicionales descansa sobre la elevación de la tarifa general del IVA de 16% a 19%, a razón de un punto por año durante 2016-2018.