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Faltantes fiscales pensionales: estrategias para enfrentarlos

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El Gobierno Central (GC) de Colombia enfrenta un déficit fiscal estructural cercano al 3% o 3,5% del PIB anualmente. Esto como resultado de tener ingresos tributarios bajos del orden del 14% del PIB e ingresos de capital cercanos al 1%-2% del PIB. Estos ingresos resultan claramente insuficientes para enfrentar unos gastos totales (y bastante inflexibles a la baja) del orden de 19% del PIB.

Dentro de estos gastos presupuestales pesan fuertemente los de carácter pensional, rondando actualmente el 4,1% del PIB, equivalente a casi el 30% de esos ingresos tributarios (arriba señalados). Ahora bien, Colpensiones también viene destinando la totalidad de las contribuciones que recibe de sus futuros pensionados a pagar a sus actuales pensionados, en montos que representan otro 1,3% del PIB anualmente. Así, la totalidad del “hueco fiscal” de Colpensiones y de los regímenes especiales es en realidad del 5,4% del PIB por año (comprometiendo casi una cuarta parte del total del gasto del GC).
Esta situación exige pensar en una estrategia para enfrentar estos faltantes fiscales durante la próxima administración 2018-2022. Anif, Fedesa- rrollo, la Comisión de Gasto Público y las diversas multilaterales (FMI-Banco Mundial) han estado sugiriendo una serie de reformas paramétricas estructurales, pero el grueso de ellas no dará réditos de alivio antes de una década.

Luego, en paralelo, también se requiere analizar cuál será la trayectoria más probable de esas exigencias de caja pensionales. Para este propósito resultan poco útiles modelos de equilibrio general y más bien el foco debe ponerse en modelos actuariales detallados con base en la composición por edades de los actuales cotizantes y las densidades de sus cotizaciones pensionales (ver Comentario Económico del Día 21 de marzo de 2018).

Para tal propósito, Anif ha desarrollado una herramienta de modelaje que nos permite simular el impacto sobre las exigencias presupuestales del GC que tendrían esas reformas paramétricas (incluyendo alzas en las edades de jubilación y recortes en las Tasas de Reemplazo-TR). En el gráfico adjunto se observa que, frente a esos pagos anuales del 4,1% del PIB, una hipotética elevación inmediata de la cobertura pensional del actual 30% hacia un 64% de la población en edad de pensión (que es la media de América Latina) ocasionaría exigencias de caja adicionales cercanas al 1% del PIB. Esto debido a que los pagos pensionales se elevarían hacia el 5,1% del PIB por año (suponiendo que Colpensiones continúa fondeándose también con sus contribuciones a razón del 1,3% del PIB por año y con una participación cercana al 30% dentro del total de cotizantes activos al sistema pensional).

Sin embargo, es útil aclarar que esta simulación no debe interpretarse como si la próxima administración del período 2018-2022 ipso facto se viera abocada a ese pago adicional del 1% del PIB por año como resultado de la implementación de la reforma paramétrica propuesta por Anif. No, esa simulación simplemente permite dimensionar cómo los parámetros de edades (57/62 años Mujer/Hombre) y de beneficios (con TR rondando 60%-80%) son totalmente inconsistentes, fiscalmente hablando, con el deseo de elevar las tasas de cobertura pensional. Dicho de otra manera, si se quiere ganar en cobertura pensional para beneficiar a 2 de cada 3 adultos mayores, en vez de solo a 1 de cada 3, se requiere eliminar de forma drástica los inequitativos subsidios existentes a través de elevar la edad de pensión y de reducir las TR.

Lo más probable es que si se realiza una reforma laboral y ella conduce a mayor formalización (subiendo la relación Pila/PEA del actual 43% al 60% a la altura de 2050), nos tomará cerca de una década empezar a ver leves efectos de dicha mayor formalización sobre la cobertura pensional. Así, al tener en cuenta este hecho de incrementos graduales en la tasa de cobertura y combinarlo con una edad promedio de los cotizantes actuales cercana a los 37 años, se tiene que la trayectoria más probable de las exigencias de caja presupuestales se irá reduciendo del actual 4,1% del PIB hacia un 3,1% del PIB a la vuelta de una década (año 2028).

Solo a partir de allí, uno esperaría que la mayor tasa de cobertura generara mayores obligaciones de caja para el GC. Sin embargo, este efecto se ve relativamente compensado por los beneficios fiscales que traerían los ajustes paramétricos ya mencionados en edad y TR. En efecto, en el gráfico también se puede observar cómo durante el período 2028-2040 el pago pensional presupuestal se estabiliza en cerca del 1% del PIB por año, gracias a que la eliminación de subsidios permite acomodar la mayor cobertura pensional. De hecho, esa reforma pensional y los réditos de una reforma laboral inclusiva a favor de esa mayor tasa de pensionados podrían dejar el sistema cerca del equilibrio hacia el año 2050, con un déficit tan bajo como un 0,5% del PIB por año.

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