Educación básica y opinión informada

Opinar sin datos es como entrenar sin mirar el reloj: se siente intenso, pero no sabes si avanzas. En Colombia llevamos años discutiendo con adjetivos. “El país está mejor”, “está peor”, “este gobierno es corrupto”, “el otro era peor”. El adjetivo reemplaza al número. Y cuando el número no está en la conversación, gana quien grita más fuerte.

Hay unos pocos datos que cualquier ciudadano debería poder leer con la misma naturalidad con la que mira el clima o el marcador. No para volverse economista. Para no dejarse llevar por el titular del día.

Los económicos. El PIB dice si la economía se mueve; el PIB por persona dice si ese movimiento te alcanza. La inflación (el IPC) dice cuánto se encarece la vida; el salario mínimo dice cuánto sube el ingreso formal. Si la inflación corre más que el salario, el poder de compra baja aunque el discurso diga otra cosa. El desempleo y la informalidad muestran quién tiene trabajo estable y quién vive del día. El déficit y la deuda dicen si el Estado gasta más de lo que recauda y a quién le debe. El dólar (la TRM) afecta lo que importamos y lo que exportamos. La pobreza dice cuántos hogares no cubren lo básico.

Los políticos. El presupuesto aprobado es una promesa. La ejecución es lo que de verdad pasa. Saber qué porcentaje de educación o salud se ejecuta importa más que el monto que se anuncia. La percepción de corrupción y la confianza en las instituciones dicen si la gente siente que las reglas son iguales para todos. Los homicidios y los delitos dicen si el territorio es habitable. Las pruebas Saber y la cobertura en salud dicen si el Estado está educando y cuidando.

Esta semana el Gobierno radicó la Ley de Rescate Económico. Busca un ajuste de unos $40-45 billones (cerca del 2,2 % del PIB), de los cuales cerca del 70% vendría de recortes y mayor eficiencia del Estado y el 30% de cambios tributarios. Sin esas medidas, el déficit podría llegar al 9,4% del PIB en 2027; con ellas se proyecta bajarlo hacia el 7,2 %. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que 2026 cerrará con un déficit de 7,8 % del PIB (el Gobierno apunta a 7,2 %). A agosto el déficit ya iba en 4,6 % del PIB, más de $91 billones, superando el total de todo 2023. La deuda pública creció más del 50 % en el último cuatrienio (de cerca de $800 a casi $1.200 billones) y los intereses ya se comen cerca de uno de cada tres pesos del recaudo. El proyecto da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o reestructurar entidades del Ejecutivo, con la meta de pasar de unas 209 a cerca de 104. También plantea recortar a la mitad los contratos de prestación de servicios en 2027 y bajar un 20 % los gastos de personal hacia 2028. Incluye devolución de IVA a cerca de 19 millones de personas de menores ingresos.

Ninguno de estos números es ideología. Son termómetros. Un gobierno puede decir que el déficit es necesario para invertir; otro que es insostenible. Los dos tienen que mostrar el número y explicar hacia dónde va. El ciudadano que conoce el dato puede preguntar: ¿este ajuste de $40-45 billones se concentra en funcionamiento o recorta lo misional? ¿La fusión de entidades elimina duplicidades o diluye funciones que llegan a las regiones? ¿La plata de educación o deporte llega a los municipios o se queda en la capital?

Educarse en lo básico no te vuelve experto. Te vuelve más difícil de engañar. El país no necesita que todos seamos economistas. Necesita que más gente sepa distinguir entre un dato y un adjetivo. Porque cuando el adjetivo gana siempre, el debate se vuelve ruido. Y el ruido no construye presupuesto, ni escuela, ni hospital.
Los números no resuelven la política. Pero sin ellos la política se resuelve sola, en el tono de quien grita más fuerte.