Diversidad, inclusión y equidad (DIE): ¿Motores financieros?

En el periodo postpandemia (2021-2025) hemos presenciado a nivel global una choque político-económico focalizado en los temas DIE (Diversidad, Inclusión y Equidad). Tal vez uno de los más notorios ha sido el atropellado tránsito entre la administración Trump (2016-2020) y la de Biden (2020-2024). Y con la reelección de Trump (2024-2030) se ha dado un drástico viraje en las políticas públicas, desde el “modelo” de competencia global hacia “el dirigismo” político-económico.

Vale la pena analizar las implicaciones de este drástico viraje en las áreas de: 1) tarifas arancelarias; 2) criterios en guías de inversión (Ambientales, Sociales y Gobernanza); y 3) criterios sociales (DIE). Es claro que la dinámica pública está generando “acoplamientos” a estas nuevas exigencias políticas.

El gráfico adjunto ilustra nuestro resumen sobre las implicaciones de posibles nuevas tarifas arancelarias a nivel regional (China, Unión Europea y la global a 10%-20%). Nótese que el arancel efectivo a las importaciones desde los Estados Unidos era cercano a 3% en 2018, tras la guerra arancelaria bajo Trump 1.0. Pero a inicios del 2025 se estimaba que la sola imposición de una sobretasa arancelaria a China a niveles de 20% llevaría dicha tasa efectiva de los Estados Unidos hacia 5%. Este cálculo tiene en cuenta que la participación de las importaciones desde China hacia los Estados Unidos ha caído de un 40% hacia un 20% durante las dos últimas décadas, gracias a la exitosa diversificación exportadora regional de China.

Al añadir los recientes sobre aranceles a Canadá-México (ex- Usmeca) y los correspondientes a metales (incluyendo ahora el cobre), se tiene que la tasa efectiva importadora podría llegar a 20%. Y si llegara a concretarse la “tasa recíproca” (incluyendo efectos de restricciones no-arancelarias), se estima que la tasa efectiva importadora de los Estados Unidos llegaría a 25%. Trump se había percatado de los altos riesgos inflacionarios que esto conllevaría y por eso adoptó la “maratón de negociaciones comerciales” de julio, postergando las tasas reciprocas.

El escenario más probable es la adopción de un sobre arancel global cercano a 20% y para el caso de China uno en la franja 40%-60%. Esto llevaría el arancel efectivo cerca de 20% y, sin lugar a dudas, tendrá efectos inflacionarios (al menos en 2025-2026) cercanos a +1% sobre el IPC de los Estados Unidos. Ha resultado entonces sorprendente que, en el país de los supuestos balances-contrapesos, se hayan echado por la borda los TLCs y que se llegue a cuadruplicar su arancel efectivo.

A nivel de los criterios de inversión (ASG), el mundo transaccional tuvo que desmontar las “guías” que daban prioridad a las inversiones en portafolios que estuvieran acelerando su tránsito hacia fuentes de energía no-fósiles, siendo la derrota más notoria la de Blackrock (Larry Fink) a manos del Estado de Texas. Aun el uso de los criterios ambientales “más objetivos” han sido seriamente cuestionados por su falta de consistencia en medición de energía-neta; y ni hablar de las subjetividades en aplicación de criterios de “inclusión social” o de “gobernanza”. Las juntas directivas empresariales globales siguen estando dominadas por hombres-anglosajones, pero se han hecho progresos importantes en materia de diversidad. No obstante, este progreso solo puede ir al ritmo en que se encuentren candidatos idóneos y con deseos de aplicar la intensidad exigida por tan demandantes tareas.

El otro giro importante ha ocurrido en el uso de criterios DIE, donde deben analizarse los efectos económicos y no quedarse simplemente en “discurso políticamente correcto”. Debemos preguntarnos por los factores que verdaderamente hacen la diferencia. Por ejemplo, se ha vuelto de cajón mencionar que la inclusión financiera es motor de la expansión crediticia y que esta, a su vez, explicaría la mayor productividad multifactorial y la aceleración del crecimiento económico. Esto no siempre va sustentado por los datos y se carece de análisis serios a nivel micro-macro sobre cómo es que el DIE aporta en dicha cadena macro.

Si bien es cierto que mayores facilidades de pago digitales apoyan a los pequeños negocios, no es nada claro que ello automáticamente genere mayor profundidad financiera por el lado activo del balance. Hoy cerca de un 80% de los adultos tiene acceso a pagos digitales, escalando desde solo un 50% una década atrás, pero solo un 35% es sujeto de crédito; pero probablemente lo que ocurre es que esta última cifra obedece a negocios que se apoyan mejor en sus réditos o tienen problemas autoexclusión por operar en el mundo informal. Luego seguir con el “cheerleading” DIE no aporta mucho a la solución del problema.

Y para “probar” que la inclusión financiera es el motor de aceleración económica debe establecerse a nivel micro sectorial cómo es que opera la cadena virtuosa de inclusión-productividad-aceleración PIB-real. Esto poco se cuantifica a nivel sectorial, tal vez porque sería “políticamente incorrecto” concluir que dicha cadena es inexisten o débil en un país que como Colombia anda empantanado en una informalidad laboral de 60%. Esta última cifra seguramente se agravará como resultado de la reforma laboral recién aprobada, así ella se justificara políticamente para “contener” la indeseable Constituyente que Petro certificó en notaria que nunca intentaría. ¿Acaso quienes votaron por Petro habían quedado tranquilos con su “certificación-socialista” en notaria? Ya es hora de despertar de cara a las elecciones-2026.