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*Con la colaboración de Juan Sebastián Joya y Andrea López
Se ha venido deteriorando de forma preocupante el mercado laboral de Colombia, pasando de un desempleo promedio de 10% durante enero-julio de 2018 a uno de 10,9% durante ese mismo período de 2019. El Gobierno dice no tener una explicación al respecto. Pero es apenas obvio que, frente a una desaceleración del ciclo económico global-local, lo peor que pudo haber hecho la actual Administración fue incrementar los costos de contratación de mano de obra a través de un ajuste exagerado del SML (+3 puntos reales) para este 2019.
Sumado a lo anterior, la Administración Duque no ha expresado aún su rechazo a iniciativas parlamentarias (de su propio partido) que pretenden agravar esta situación laboral. En efecto, ahora el Congreso pretende aprobar cargas laborales sobre las empresas a través de “primas” adicionales, por encima de las ya existentes. Además de este problema estructural de los elevados costos de contratación laboral en Colombia, en la coyuntura actual se tienen dos agravantes: i) la presión sobre la oferta laboral de cerca de 1,5 millones de inmigrantes venezolanos; y ii) la baja dinámica en la generación de empleo (cayendo durante enero-julio de 2019 a ritmos de -0,6% anual vs. +1% de años anteriores). Si bien la migración ha tenido un impacto, es importante contar con un diagnóstico acertado de la situación laboral, pues si se piensa que el problema son los inmigrantes, es porque no se ha entendido bien que se trata de un elevado Costo Colombia y que lo que se requiere es abaratar estructuralmente la contratación de mano de obra.
En efecto, a pesar de los inmigrantes, resulta sorprendente que la tasa de participación laboral registre un descenso de -0,5% en lo corrido del año, lo cual amerita un estudio, pues su reversión sorpresiva agravaría aún más la situación laboral. Además, debe estudiarse la baja generación de empleo sectorial, donde se observa una desaceleración industrial a nivel del PIB y agropecuaria.
Soluciones estructurales
Colombia ha venido avanzando en materia de formalización laboral, donde cabe destacar un marco regulatorio algo más flexible, a saber: i) Ley 1429 de 2010, que reglamentó el subsidio en parafiscales laborales para Pymes; ii) Ley 1607 de 2012, que desmontó 13,5 puntos porcentuales (pp) de costos no salariales; y iii) Decreto 2616 de 2013, que habilitó las cotizaciones a la seguridad social por semanas. Sin embargo, los indicadores oficiales de informalidad laboral todavía bordean 50% y, al referirnos a la densidad de las cotizaciones, se tiene que tan solo 15% de la Población Económicamente Activa (PEA) contribuye todos los meses a la seguridad social.
Si Colombia continúa abaratando los costos no laborales de contratación de mano de obra, tendríamos los siguientes beneficios: i) creación de cerca de 175.000 nuevos puestos de trabajo al año (1,8 millones en la siguiente década); e ii) incremento de la formalidad en cerca de 300.000 nuevas personas al año (tres millones en una década).
Esto se lograría a través de: i) establecer un mecanismo de protección al cesante, limitando el monto del retiro de las cesantías en función del salario y el valor acumulado, de manera que funcionen como un verdadero seguro al desempleo, y cuyos desembolsos sean mensuales, para evitar desahorros innecesarios en casos de rápido reenganche al mercado laboral; ii) aplicar topes a los costos de despido, replicando lo implementado en la Reforma Laboral de España de 2012; iii) atar el ajuste del Salario Mínimo Legal (SML) a la Regla Universal, de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en Productividad Laboral (PL); iv) implementar un SML diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje (equivalente al 75% de 1SML); v) instaurar un sistema de escrutinio de las incapacidades médicas para evitar su falsificación; y vi) crear alternativas profesionales en la secundaria para promover la opción vocacional-técnica.
Nuestra propuesta de reforma laboral también incluye la eliminación de: i) 4% de cargas no salariales hoy destinado a las Cajas de Compensación Familiar; y ii) los intereses de las cesantías (equivalentes a 1% del valor de la nómina), dado que sus inversiones en AFPs ya reconocen intereses reales que han venido promediando un 3% anual en 2005-2018. Nuestras estimaciones señalan que este tipo de reducciones de 5pp en costos no salariales ayudaría a elevar la formalidad laboral en cerca de +1,2pp, al tiempo que reduciría el desempleo en -0,64pp.
Impacto macroeconómico
Nuestro modelo de simulación econométrico incluye, además de los costos no salariales, variables de control como el crecimiento del PIB-real y el SML real. Lo anterior muestra que la tasa de desempleo está determinada por: i) el crecimiento económico observado un año atrás; ii) los desbordes del SML de la Regla Universal; y iii) los costos no salariales.
Nuestras estimaciones muestran cómo en el caso de la formalidad, si no se hubiera realizado la Reforma de 2012, el nivel de formalidad hubiera sido solo de 39,4% en la relación Cotizantes PILA/PEA en 2017 (vs. 42,4% observado). Mientras que, bajo el escenario propuesto por Anif, dicha formalidad habría alcanzado valores de 43,6% en 2017.
¡Ojalá que la Administración Duque entienda que detrás del deterioro laboral existen urgentes problemas de Costo Colombia que requieren ajustes legislativos y prontos!
