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De poco servirán más reformas “estructurales” si Colombia no cuenta con más funcionarios capaces y honestos que manejen el Estado. La escasez y falta de continuidad de buenos empleados públicos, así como el clientelismo, son dos tragedias aún pendientes por resolver.
En Colombia un cambio de administración o un relevo de un alto funcionario (ministro, alcalde, gobernador, etc.), implica un desmantelamiento de la administración pública. El conocimiento se esfuma y hay que comenzar casi de ceros. En la Ocde aún no se acostumbran a perder sus interlocutores técnicos del Gobierno colombiano cada uno o dos años.
El tamaño de la planta de personal también es pequeño. En Colombia, el número de empleados públicos como proporción de la fuerza laboral está en alrededor de 5% mientras que el promedio de la Ocde es de 15%. La Dian es un caso ilustrativo. El país cuenta con 7.000 ciudadanos por cada empleado de la Dian, mientras que este valor es 4.000 para Chile y 1.500 para el promedio Ocde (Ocde, 2019). No es extraño pues, que a la Dian le sea difícil atender satisfactoriamente a ciudadanos y empresas.
El país no tiene un servicio civil que proteja a los funcionarios de políticos y leguleyos. Todos temen que sucederá con sus cargos si el ministro de turno renuncia, o con sus vidas judiciales si “ponen su firma” en alguna decisión. Además, los salarios de los funcionarios públicos son bajos comparados con estándares internacionales.
El clientelismo es otra pata del problema. Hay muchas regiones donde las únicas oportunidades laborales las proveen las entidades públicas capturadas por los políticos locales. Así, se crean esquemas donde gerentes de hospitales públicos o funcionarios de la Dian, se han vuelto millonarios a costa de los recursos públicos que deberían ser invertidos en salud, vías y educación.
Excepciones a todo lo anterior sí existen en Colombia. Las entidades encargadas de la política económica han logrado consolidar una tecnocracia sólida, que a los ojos de muchos analistas es la responsable de la estabilidad macroeconómica del país. También, las autoridades de salud del orden nacional han demostrado una capacidad técnica enorme para enfrentar el coronavirus.
Ejemplos de servicios civiles modernos y eficientes abundan en países Ocde. El servicio civil británico es ejemplo de ello. Creado a mediados del siglo XIX, el servicio concibe que los funcionarios públicos son técnicos y no representan sectores políticos. No quiere decir esto que tengan que estar de acuerdo con todas las decisiones de los jefes (cabezas políticas); las discusiones se dan, pero a puerta cerrada. Lo mismo sucede en EE.UU., donde en 1883 con el Padlenton Act se le quitó a la clase política el manejo de una gran porción de la administración pública.
Estos dos sistemas -el americano y el británico-, al igual que los de gran parte de países Ocde, tienen robustos esquemas de evaluaciones de entrada y remuneración. No en vano, para cualquier ciudadano de estas naciones es un privilegio trabajar toda su vida en el sector público de su país.
Este debería ser un pacto de la clase política colombiana. La representación política está bien y existe en todas las democracias liberales, pero, ésta también tiene límites en sectores donde los políticos les dan paso a los expertos.
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