¿El daño está hecho… y ahora?

Vamos a perder el grado de inversión. La probabilidad que eso pase la calcula Bancolombia ahora en 76,7%. Ya lo refleja incluso nuestra tasa cambiaría que cerró ayer a $3.714,94 por dólar. Corficolombiana por su cuenta, asegura que al darse el esperado “downgrade”, las tasas de interés subirían 1%, resaltando que, incluso ahora, tras el paro, los rendimientos de nuestros bonos en dólares son iguales a los de países que ya perdieron su grado de inversión.

Hasta aquí el daño al país. Pero volvamos la mirada de nuevo a la región más afectada por esta ola de violencia, saqueos, y vandalismo: El Valle del Cauca. La Cámara de Comercio de Cali (CCC) ha estimado el costo del paro para el Valle del Cauca en $2 billones. Asimismo, el costo de los actos vandálicos a las empresas los reporta en $74.000 millones, y estamos todavía pendientes del reporte del Alcalde de Cali sobre los costos de recuperación por los masivos destrozos a la infraestructura pública. Finalmente, la Encuesta de Ritmo Empresarial de la CCC muestra que el 47,2% de las empresas están operando parcialmente y que su mayor causa fue la dificultad de transporte y movilidad de los trabajadores.

El impacto lo resume bien el Presidente Duque tras su visita a Cali: “Los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente, están afectando a que muchas personas no reciban sus alimentos, vacunas, oxigeno, e inclusive están afectando el empleo, no solo no se puede ejercer el derecho al trabajo, sino que muchas personas que apenas acaban de reactivarse están perdiendo hoy más de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de la pandemia”. Pero entonces, ¿que viene ahora?

Todos claman por un dialogo nacional con el Comité Nacional del Paro. ¿Realmente creemos que van a darse acuerdos? ¿Es que nadie ha visto los puntos y los subpuntos del pliego que han presentado? Atenderlo cuesta $86 billones al año, y solo un punto, el de la renta básica, cuesta $76 billones al año lo que representa tres veces la reforma de Carrasquilla que tanto rechazaban. Pero si el problema no fuera de plata, ¿qué hacemos con los otros puntos…el de renunciar el glifosato como medio de control a los cultivos ilícitos? Y me cuentan que acaban de incluir el desmonte del Esmad y la desmilitarización de Cali.

Pero mi pregunta, aparte de la imposibilidad fiscal de atender estas peticiones, sería más bien ¿y como a qué porcentaje de la ciudadanía representan exactamente estos convocantes? ¿Dónde está su legitimidad democrática o electoral para asumir vocería y pedir cambios en la estructura del estado y nuestro modelo económico, e incluso nuestro ordenamiento constitucional, a menos de un año de elecciones? ¿No es el Congreso de la República quien debe estudiar y aprobar estos cambios si los considera convenientes o sostenibles?

Mientras tanto Cali y el Valle siguen sitiados, y es claro que no podemos esperar el resultado de unos diálogos a los que no se les ve un resultado optimo y/o cercano. Pero el Departamento tiene que funcionar y movilizarse, y la ciudad de Cali tiene que trabajar y abastecer y ser abastecida. Los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no pueden ser pisoteados ni por vándalos, ni por mingas, ni por terroristas en la nómina de grupos ilegales. Derechos que tienen que ser garantizados y provistos en forma real por una fuerza pública que debemos rodear y respetar. Porque si bien el daño ya está hecho, puede ser mucho peor. Está en juego el futuro de todo el Suroccidente, región próspera y vital de Colombia, que sabrá sobreponerse, con su temple y pujanza, pero también con el apoyo fuerte y decidido del Gobierno Nacional.