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Una necesaria flexibilización

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Históricamente, la sostenibilidad fiscal ha sido uno de los pilares de la reconocida estabilidad macroeconómica del país. Hacia 2011, el Gobierno, de manera acertada, promulgó la Regla Fiscal (Ley 1473), la cual estableció una senda de metas sobre el balance estructural del Gobierno Nacional Central (GNC), con el fin de reducir gradualmente tanto el déficit fiscal como la deuda del GNC.

Este mecanismo ha sido fundamental para preservar el grado de inversión, pero también ha obligado a los últimos gobiernos a realizar esfuerzos adicionales en aras de su cumplimiento. Como parte de este compromiso, el año anterior se radicó la ley de financiamiento, la cual introdujo cambios en el estatuto tributario que le permitirán al gobierno recaudar $7,5 billones, monto con el que se financiarán gastos en infraestructura, salud y educación. Se esperaba que estos recursos coadyuvaran a que el déficit fiscal del GNC para el año en curso se ubicara en 2,4% del PIB.

Como consecuencia, los mercados y las agencias calificadoras se mostraron confiadas en que el gobierno cumpliría la meta de déficit fiscal en 2019, no sin antes advertir que medidas a favor del crecimiento de la productividad, como la disminución de la tarifa de renta corporativa y el descuento de IVA por adquisición de bienes de capitales, podrían generar faltantes fiscales a partir de 2020 cercanos al 0,7% del PIB, que irían en detrimento de la sostenibilidad fiscal. Sumado a esto, la creciente presión generada por la migración venezolana sobre el erario, cercana, según algunos analistas, a 0,5% del PIB, llevó a que no pocas voces señalaran que la Regla Fiscal debía abandonarse o al menos flexibilizarse.

Hace pocos días el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, consciente del significativo impacto de dicha migración sobre los sistemas de seguridad social y educativo, pero sin olvidar la valía de la Regla Fiscal, determinó acertadamente que, si bien esta debía mantenerse, era prudente flexibilizarla, pues el gobierno requería un mayor margen de maniobra para hacerle frente. Al cambiar el objetivo de déficit fiscal para 2019 de 2,4% a 2,7% del PIB, se contempla una reducción del déficit de 0,4 pp frente a 2018, lo cual es a todas luces positivo.

Dicho lo anterior, cabe señalar que la publicación de la nueva senda para la Regla Fiscal también generó cuestionamientos sobre el ritmo de convergencia del balance estructural hacia el nivel estimado de largo plazo (-1% del PIB), pues el Comité establece que esta sería más rápida a lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018. Adicionalmente, el posible empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en Venezuela en los años venideros podría ampliar la magnitud y duración del choque, el cual el Gobierno estima como transitorio.

De esta manera, la consolidación de la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo aún está abocada a retos de gran calado que obligan a que el gobierno actúe de manera decidida en pro de atenuar los riesgos que se ciernen sobre ella.

En principio, es imperativo que no se aplace el trámite de las reformas estructurales al sistema pensional, de salud y regalías, puesto que de esta manera se mitigarían las presiones de gasto del GNC. Adicionalmente, es necesario acelerar los procesos de homologación de títulos para los migrantes venezolanos en el país, toda vez que esto beneficiaría su formalización y disminuiría el costo fiscal que generan. De la acción del gobierno en estos y otros frentes, depende que la Regla Fiscal se cumpla y se preserve el grado de inversión.

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