Reflexiones sobre tasa de usura

Como respuesta a la desaceleración económica del último año y dada la mitigación de las presiones inflacionarias, el Banco de la República inició desde finales de 2016 una serie de recortes en su tasa de referencia con el objetivo de reactivar el consumo y la demanda interna. Dicha política expansiva, hay que decirlo, ha cumplido su cometido, toda vez que las tasas de interés en segmentos como el microcrédito y comercial se han reducido significativamente. No obstante, en carteras de mayor riesgo como consumo y tarjetas de crédito no ha ocurrido lo propio, lo que ha generado inquietudes y peticiones tendientes a acelerar los mecanismos de transmisión en estos segmentos, que en escenarios como el actual tienden a ralentizarse.

Los debates sobre el impulso de la actividad productiva habían venido girando, en buena hora, en torno a los mecanismos de recuperación de los canales de inversión, y con un enfoque quizás más estructural, en torno a las imperativas medidas en materia de competitividad que permitirán dinamizar el proceso de recuperación. Quizás por ello resultó más que sorpresivo que las discusiones terminaran focalizándose en la “necesidad” de generar cambios en la metodología y periodicidad de la tasa de usura como mecanismo para dinamizar la transmisión de las tasas de consumo. Igualmente sorpresivo fue que, sin encarar los verdaderos obstáculos que han venido y podrían continuar restándole celeridad a la recuperación, el Gobierno (presionado y de manera equivocada) haya cedido a la petición de aquellas voces.

Las motivaciones de esta decisión pasaron por alto tres elementos importantes que se erigen como las razones estructurales que han venido restándole celeridad a la transmisión monetaria: (i) una coyuntura en la que los niveles de riesgos, tanto macroeconómicos como financieros, se han venido exacerbando en un contexto de fuertes ajustes en la demanda interna; (ii) los rezagos característicos de los mecanismos de transmisión en estos segmentos, que en condiciones económicas como la actual pueden alcanzar hasta 16 meses; y (iii) un deterioro en los indicadores de calidad en estos segmentos que han venido inquietando al mercado y que han llevado a la banca a redoblar sus esfuerzos en materia de gestión de riesgos con el fin de preservar la estabilidad del sistema. Haber presentado esta medida como “instrumento” de transmisión monetaria, no solo fue erróneo e inapropiado, sino que desconoció los verdaderos factores estructurales que alimentan los mecanismos de formación de precios/tasas.

De manera que pasar de una certificación trimestral a mensual en la usura podría tener en realidad efectos inocuos en la tasas de consumo hasta tanto los niveles actuales de riesgo no se mitiguen, no termine de gestarse en su totalidad la transmisión de la política monetaria, y no se acoten las probabilidades de crecimientos de los índices de morosidad.

Este, desde luego, no era el debate que el país necesitaba. La discusión en torno a la tasa de usura debe darse con un enfoque mucho más estructural. Si la discusión es la tasa de usura, bienvenidos los debates y discusiones que pongan sobre la mesa las adversas externalidades en materia de distorsión de la libre competencia en la formación de precios, de restricción de crédito y dinámicas de crédito informal (“gota a gota”), externalidades que este mismo Gobierno ha sabido reconocer en varias oportunidades. Tenemos como país retos importantes en materia de profundización e inclusión financiera que serán difíciles de superar si no encaramos de forma acertada los verdaderos obstáculos y talanqueras en estos frentes.