Nuevos retrocesos, más retos

Hace una semana a través de esta columna compartí una reflexión sobre la ausencia de discusiones estructurales, amplias y serias sobre los grandes retos económicos y sociales en quienes aspiran a la Presidencia de la República. Traer al debate los asuntos de mayor calado en torno al rumbo de la agenda económica futura es sin duda un imperativo para diseñar desde ya la hoja de ruta que nos permitirá avanzar en la construcción de un país más próspero e incluyente.

Los resultados del más reciente informe de Foro Económico Mundial sobre el Índice Global de Competitividad (IGC) ratifican claramente el llamado a plantear agendas multidimensionales que eliminen los obstáculos que tiene el país en los más importantes frentes económicos y sociales. Las noticias generadas por el IGC, hay que reconocerlo, no fueron positivas para Colombia. El país retrocedió cinco posiciones en el escalafón mundial frente a los registros de 2016, situándose ahora en la posición 66 entre 137 economías.

Precisamente, el pilar de ambiente macroeconómico fue el de mayor retroceso, perdiendo nueve posiciones gracias a las consideraciones en materia de inflación y balance del Gobierno. Estas dinámicas estuvieron acompañadas por el deterioro, aunque moderado, en la eficiencia del mercado laboral, asociado particularmente a su poca flexibilidad y al efecto negativo de los impuestos laborales sobre los incentivos a la contratación.

Más allá de los retos en materia económica, persisten también monumentales desafíos que lesionan la competitividad del país desde la dimensión institucional. Colombia, lastimosamente, se situó en 2017 dentro de las 21 economías con peor institucionalidad, el balance más negativo en lustros.

Este resultado, sin embargo, no parece sorpresivo, pues en el transcurso de la última década el deterioro ha sido marcado y, de forma inquietante, no se avizora una mejora en este frente. Con estupor el país se ha ido enterando sobre el aumento de la erosión en sus instituciones, una erosión que incluso ha permeado el más alto nivel del poder judicial por cuenta de los tentáculos de la corrupción en las esferas pública y privada.

La grave situación justifica ampliamente el grueso favor que se le haría al país si desde ya comenzamos a encarar estos retos y a plantear políticas concretas sobre los arreglos institucionales que deberán surtirse en la consecución de una mayor competitividad. Estos arreglos deben pasar por garantizar que la lucha contra la corrupción sea más efectiva, una condición necesaria para avanzar en un funcionamiento cada vez más transparente y eficiente de la economía. Atacar los obstáculos mencionados permitiría alcanzar más rápido aquellos objetivos sociales que el país ha venido persiguiendo y afianzaría el atractivo inversionista local, pieza clave para fortalecer los canales de inversión e impulsar la demanda interna.

Los próximos cuatro años no se pueden quedar en solo un vago diagnóstico de la competitividad local. El próximo gobierno no puede postergar decisiones claras y certeras en la búsqueda de fortalecer nuestra estructura económica, y mi recomendación es que las asuma de entrada, cuando tiene suficiente capital político fresco, y la inclinación del Congreso a apoyar una administración recién elegida.

Será, entonces, necesario acometer con audacia y decisión, aquellas reformas y acciones que contribuyan a fortalecer la institucionalidad en sus distintas dimensiones, así como a recuperar la competitividad en declive. Solo así podremos quebrar una tendencia negativa que nos aleja de nuestro crecimiento potencial.