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Hacia un desarrollo sostenible

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La Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos globales para alcanzar un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo, se ha constituido en una oportunidad para priorizar aquellos temas sobre los cuales el país tiene un rezago histórico. No obstante, trabajar en la consecución de estos objetivos no solo es responsabilidad del Gobierno Nacional. Se requiere un rol activo del sector privado, especialmente del sector financiero, el principal vehículo de inversión en cualquier economía de mercado. Es así como el sector financiero en Colombia, a la altura de esta responsabilidad, se ha convertido en un aliado estratégico en la implementación de los ODS.

Es hoy un hecho aceptado que en la medida en que las entidades financieras apalanquen actividades productivas que contribuyan a la protección del medio ambiente, se crean pilares estructurales de solidez y resiliencia que permean a los demás sectores de la economía. De allí que sea de celebrar que los recursos colocados por las entidades financieras bajo un sistema de evaluación de riesgos ambientales y sociales hayan bordeado en 2016 los $11 billones, lo que significó un crecimiento de 38% con respecto al año anterior, y que, entendiendo estos alcances, hayan invertido a lo largo de 2016 en 197 municipios del país, cerca de $66.000 millones en 121 proyectos sociales enfocados en educación, salud, emprendimiento, medio ambiente, arte, deporte e infraestructura. Hoy la cartera colocada con beneficios ambientales y sociales, que ha crecido de manera significativa, bordea los $1,5 billones.

Enmarcado en el objetivo de reducir la corrupción y los actos de soborno, el sector financiero ha venido llevando a cabo también una permanente y ardua labor en materia de afianzar su compromiso frente a la lucha contra estos flagelos, un tema que atañe a todos los actores de la sociedad pero que demanda, en esta particular coyuntura, un rol más activo del sector privado. Es así como han surgido alianzas estratégicas público-privadas, entre las que se destaca el denominado Protocolo de Transparencia, cuyo objetivo es fortalecer las distintas medidas implementadas por las entidades financieras para luchar contra la corrupción.

De la mano de importantes aliados del sector financiero se ha impulsado también el Protocolo Verde Ampliado, una iniciativa que tiene como objetivo promover las políticas y prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible. Este protocolo, que abarca la adopción de productos y servicios verdes, la eco-eficiencia y el análisis de riesgos ambientales y sociales, es sin duda una pieza clave en este proceso.

La sostenibilidad, un aspecto de suma importancia que en buena hora ha venido permeando las agendas de desarrollo público y privadas, se integra así en torno a prácticas globales que permiten crear valor económico, ambiental y social, y contribuyen con el bienestar y el progreso de las generaciones presentes y futuras.

Hemos logrado entender que corregir los desbalances entre el retorno social y el retorno privado es una tarea y responsabilidad tanto de la esfera pública como privada, por lo que resulta más que imperativo continuar promoviendo de manera mancomunada actividades proclives al crecimiento sostenible, incluyente y equitativo, que permitan continuar reduciendo las desigualdades y mejorando la calidad de vida de la población. Los avances han sido, sin duda, notorios, pero su continuidad requerirá del asiduo compromiso de todos.

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