MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Uno de los hitos más relevantes y efectivos en la última década en materia de desarrollo económico y social ha sido el impulso al sector vivienda, un impulso focalizado no solo a que cientos de miles de colombianos se conviertan en propietarios sino en garantizar una mayor calidad de vida en los hogares colombianos.
En la consecución de dicho hito, los esfuerzos de la política pública, mediante las coberturas a las tasas de interés y los recursos encaminados a subsidiar la cuota inicial para adquirir vivienda, han sido grandes aliados para complementar las estrategias de los financiadores en la búsqueda de hacer realidad el acceso a una vivienda formal.
De hecho, en promedio, cerca de dos terceras partes de los desembolsos del sector bancario para financiar vivienda VIS, así como una quinta parte de los desembolsos no VIS, han estado acompañados de un subsidio.
El trabajo conjunto y articulado entre el sector público y privado para hacer esto posible ha dado resultados loables: el déficit cuantitativo de vivienda pasó de 12,5% en 2005 a tan solo 5,2% en 2017. Adicionalmente, el impulso generado por este apoyo a la demanda de vivienda nueva permitió un mayor dinamismo en la construcción, uno de los sectores productivos con mayor importancia dentro de la actividad económica nacional, no solo por el peso de su valor agregado dentro del PIB, sino por el encadenamiento de sus procesos productivos con diversos sectores económicos.
No obstante, las señales recientes de debilidad en los indicadores de actividad del sector desafían el direccionamiento de la política de vivienda en los próximos años. En lo corrido de 2018 las ventas cayeron 10,5% en términos reales y el PIB de la construcción disminuyó 7,9% real anual, configurando el peor resultado desde 2010.
Las repercusiones de estos retrocesos terminarán sintiéndose en el crédito, lo que podría alejarnos de aquellos referentes regionales en materia de profundización de cartera de vivienda, cercanos a 10% del PIB.
Para cimentar adecuadamente estos anhelos será necesario contrarrestar la pérdida de dinamismo y hacer sostenible la construcción, comercialización y financiación de vivienda en todos los horizontes temporales. El consenso de analistas y expertos indica que la política pública deberá considerar varios aspectos.
Primero, resulta fundamental garantizar los recursos para los programas de subsidio que han demostrado ser exitosos, afianzando un mecanismo que asegure su existencia y disponibilidad durante cada vigencia.
Segundo, resulta necesario modernizar la operatividad en todo el proceso de estudio, otorgamiento y pago de subsidios familiares de vivienda, así como de registro, adoptando las nuevas tecnologías para hacer más expeditos los procesos de desembolsos.
Adicionalmente, para contar con más instrumentos que permitan atender a los hogares menos favorecidos que cuentan con ingresos bajos o informales, deberán considerarse programas de arrendamiento con opción de compra que faciliten el acceso a vivienda formal y, al mismo tiempo, permitan que los hogares demuestren que cuentan con los flujos necesarios para acceder a un crédito. Aquí será preciso evaluar la viabilidad de otorgar subsidios tanto en la fase de arrendamiento como en la de adquisición, garantizando que se dé el cierre financiero para el hogar.
Avanzar decididamente en estos frentes permitirá brindar soluciones de vivienda de calidad a cada vez más colombianos, un elemento fundamental en la construcción de un país con cimientos idóneos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.
