El acuerdo nacional del presidente

El presidente ha propuesto un acuerdo nacional en educación, tierras y sobre la verdad. Es la segunda vez en que el mandatario se refiere a un acuerdo nacional sin que se entienda cómo y cuándo ese acuerdo tendría viabilidad, y tampoco con quién. El presidente Gustavo Petro mencionó en su discurso de instalación del Congreso en julio que era tiempo de un gran acuerdo nacional. Dos semanas después acusaba a empresarios de corruptos, sobre simplificaba las críticas a las reformas y graduaba a medios y periodistas de enemigos de la oposición. El primer gran acuerdo que tiene que hacer el presidente es consigo mismo.

El gran acuerdo nacional se parece al acuerdo sobre lo fundamental que propuso por tanto tiempo Álvaro Gómez Hurtado. Ese acuerdo tiene que estar cimentado sobre los valores de la democracia liberal, que significa límite a los poderes, igualdad de derechos, libertad de expresión y prensa libre. Y sobre esos valores, que son todos constitucionales, el Gobierno y los actores del país deberían sentarse en mesas temáticas fuera del Congreso para tratar de lograr consenso en las reformas que el Gobierno plantea. Acuerdos previos en la reforma a la salud, laboral, agraria, pensional y de educación para que el debate de esos proyectos en el Congreso no sea un diálogo de intolerantes.

Pero eso va a ser imposible si un día después de llamar grandilocuentemente a la consolidación de un gran acuerdo nacional, el presidente insiste en agredir a todos quienes tomen la osadía de cuestionarlo o revelar hechos de interés nacional, como las preguntas sobre la cercanía de su campaña con poderosos narcos en las regiones: Santander Lopesierra en Atlántico y Juan Carlos López y su esposa en Casanare.

El acuerdo nacional no puede ser aceptar sin contrapeso las reformas del presidente y tampoco oponerse definitivamente a ellas. El gran acuerdo nacional debe ser el diálogo para modelos que funcionen y que corrijan los vacíos en todos los sectores, pero sin echar al traste décadas de construcción de lo institucional, es decir, qué paradoja, de lo público.

El acuerdo nacional no puede ser un discurso a la plaza de Bolívar con una protesta financiada y operada por el Gobierno; el acuerdo no puede ser hablarse a sí mismo; el acuerdo no puede ser demagogia para las bases populares pero acusaciones y persecución a los empresarios, los medios y los críticos; el acuerdo no puede ser frases de paz y de concordia, pero agresión y acoso digital permanente; el acuerdo no puede ser activismo contra periodistas ni el estímulo para la violencia contra los medios; el acuerdo no puede ser, en fin, una mentira.

El presidente Gustavo Petro no ha pasado por encima de las instituciones. Ha respetado el Congreso, aunque acudiendo a las viejas prácticas de la “politiquería” a las que se opuso siempre. Ha respetado también a las cortes. Su único enfrentamiento asiduo es con el fiscal general en un cruce bilateral que no le hace bien al país y con los medios a los que estigmatiza y golpea en el discurso, como lo hacen los populistas del mundo.

Gustavo Petro fue elegido legítimamente para seguir la ruta de la democracia y tiene el mandato de unir al país entorno a sus propuestas que ganaron en las urnas. Pero haber ganado en las urnas no es un cheque en blanco para transformar las instituciones del país. Si el presidente quiere realmente hablar de un gran acuerdo nacional, y no mencionarlo para conseguir solo el grito de su gente, debe empezar a llevarlo a la práctica en su propio discurso, en sus trinos y en la forma en la que interpela a los críticos. El gran acuerdo nacional debe empezar consigo mismo, o será un grito al viento perdido en la irrelevancia.