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La presidencia de Mauricio Macri está terminando en forma melancólica. Luego de una derrota en las elecciones primarias de agosto, el gobierno se prepara para las elecciones del mes de octubre en condiciones de debilidad política y deterioro económico acelerado. La perspectiva del retorno al poder del kirchnerismo, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, ha producido una fuerte devaluación, la caída en el valor de las acciones y los bonos, así como el incremento del riesgo país a un nivel del orden de 2.500 puntos. Argentina carece de acceso a los mercados internacionales de crédito. Con un ritmo de inflación de más del 50% anual y una tasa de interés interna superior a 70%, el mercado de capitales interno se ha marchitado. Para efectos prácticos, ni el gobierno ni las empresas pueden obtener crédito. La economía se encuentra en recesión, con una caída del PIB en este año estimada en 3%.
La declaración de una moratoria parcial de algunos vencimientos financieros ha conducido a la calificación de default selectivo para la deuda soberana argentina por parte de las calificadoras internacionales de riesgo. El gobierno se propone solicitarle al Fondo Monetario Internacional una restructuración de los plazos de pago acordados para el crédito vigente, decisión con la cual coincide el candidato presidencial Alberto Fernández. La posibilidad de que la inestabilidad política resulte en una salida masiva de capitales hace inevitable el establecimiento del control de cambios. Mientras que algunos analistas, como Guillermo Calvo, consideran que un eventual gobierno kirchnerista podría hacer el ajuste macroeconómico que no hizo Macri, otros temen que conduzca a la hiperinflación.
Lo que se sabe hasta ahora del programa económico que implementaría Alberto Fernández es que estaría inspirado en el nacionalismo aislacionista. La propuesta de privilegiar el mercado interno conlleva gravar las exportaciones y obstaculizar las importaciones, congelar las tarifas de servicios públicos, establecer el control de precios y financiar el gasto público con emisión monetaria. Esta es la versión contemporánea del eslogan proteccionista ‘vivir con lo nuestro’, confiando en que el solo mercado doméstico tiene el tamaño suficiente para impulsar un crecimiento vigoroso.
La política exterior argentina experimentaría un cambio radical. En lugar de las actuales relaciones estrechas con las democracias industrializadas y la participación en el Grupo de Lima que apoya al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habría un alineamiento con el Foro de São Paulo, el reconocimiento de la legitimidad del régimen dictatorial venezolano y un acercamiento diplomático con Cuba, Rusia y China.
El presidente Macri está haciendo un esfuerzo desesperado por evitar un colapso económico antes de diciembre. En caso positivo, le quedaría la satisfacción de ser el primer gobernante no-peronista que logra concluir su mandato legal. Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, el próximo gobierno se iniciará en condiciones precarias. En ausencia de un poco probable gesto de madurez política por parte de sus dirigentes para manejar esta crisis con responsabilidad compartida, Argentina corre el riesgo de volver a enfrentar otra década perdida.
