Los Servicios Públicos de Empleo o de Intermediación Laboral son mecanismos institucionales de información para acercar trabajadores que requieren empleo a las vacantes que se ofrecen en el mercado laboral. Internacionalmente, se han constituido como organizaciones gubernamentales que ayudan a los trabajadores a vincularse en el mercado laboral, facilitan los ajustes del trabajador a nuevos emprendimientos y amortiguan las transiciones o ciclos económicos. Adicionalmente, ofrecen información sobre el mercado laboral, desarrollan programas de adaptación y administran los beneficios de seguros de desempleo. Estas instituciones son un complemento natural de servicios privados de empleo y buscan reducir las inequidades en el acceso al trabajo.
Este tipo de servicios ha resultado ser una alternativa costo-efectiva frente a los esquemas informales de contacto predominantes en los países de América Latina. La información recogida por el Banco Interamericano de Desarrollo indica que en Colombia la modalidad predominante para “levantarse trabajo” es el contacto mediante amigos y referencias o contactos con el empleador. Este procedimiento cubre el 90% de los casos. La opinión recogida por Latino-Barómetro sugiere que, a juicio de nuestros compatriotas, los contactos son más importantes que la formación como medio de conseguir trabajo. El establecimiento, montaje y desarrollo de los Servicios Públicos de Empleo tiene diversas etapas de desarrollo: la básica inicial es un sistema computarizado de registro de vacantes; la siguiente o intermedia incluye capacitación laboral, mientras que la avanzada comprende la prestación de servicios al trabajador dirigido al desarrollo de capital humano y la productividad laboral.
El Servicio Público de Empleo en Colombia se creó mediante la ley 1636 y el Decreto 0722 de abril del 2013. Es un servicio cuya dirección y control se encuentra a cargo del estado. Se ha concebido que disponga de una red muy amplia de prestadores que incluyen el Sena, agencias privadas de colocación constituidas por Cajas de Compensación (con recursos del fondo de fomento del empleo y protección al desempleo), agencias públicas (municipios) y bolsas de empleo, en las cuáles las universidades pueden jugar un rol preponderante. Su primera etapa de desarrollo comprenderá el montaje de un sistema de información: hojas de vida de oferentes y registro de vacantes. Además, apoyará el entrenamiento y la búsqueda de empleo para aquellos trabajadores que se benefician Sistema de Protección al Cesante o seguro al desempleo establecido también mediante ley 1636 del 2013.
En el Encuentro Internacional de Servicios Públicos de Empleo organizado por el Ministerio del Trabajo en esta semana se analizaron algunos grandes interrogantes sobre el funcionamiento de estos servicios. Se mencionó que entre los sistemas informales para la consecución de empleo se encuentran las solicitudes que formulan o exigen los congresistas a los ministerios e instituciones para el empleo público y se preguntó si estos Servicios han contribuido para racionalizar estas presiones de los políticos. Se reconoció que el empleo en el sector público debe tener sus propios servicios de apoyo y selección, sistema que debe desarrollar el gobierno. También se indagó sobre su operación en países, como Colombia, en los cuáles la informalidad laboral puede ser mayor al 60%. Se reconoció que el Servicio contribuye indirectamente a reducir la informalidad al ampliar las opciones de conseguir empleos formales. Finalmente, se dijo que su seguimiento y evaluación recae principalmente en centros académicos de investigación y universidades interesadas en asuntos laborales. Se espera que el Servicio Público de Empleo de Colombia sea un mecanismo eficiente que facilite la colocación de la población desempleada. Esta iniciativa merece el decidido apoyo del sector privado representado por el Consejo Gremial Nacional. Buen viento y buena mar.
