Los apoyos a la agricultura

Ante el anuncio de un nuevo paro agrario previsto para los próximos días, cabe reflexionar sobre los apoyos a la agricultura. Si bien estos apoyos son fundamentales en un país agrícola por excelencia, (donde el sector participa con más del 6% del Producto Interno Bruto y del 12% del empleo nacional y en el cuál su contribución a la actividad  exportadora es clave como en el caso del café, el banano y las flores), lo que se debe analizar concienzudamente es el monto de recursos públicos que se deben orientar al sector, sus modalidades y los instrumentos de política requeridos para estimular el agro y el desarrollo en las zonas rurales en general. 

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Entre otras, una prioridad clave del Estado no debe ser solo tener a la agricultura como locomotora de la actividad económica, como lo estipula el actual Plan de Desarrollo, sino proponerse metas explícitas para cerrar las brechas del sector rural con el urbano.

Respecto al monto de los recursos presupuestales que se orientan al sector agropecuario y al conjunto del sector rural colombiano, la evidencia estadística señala que estos han sido muy inferiores a las participaciones que el sector  y  la actividad rural tienen en la economía nacional. 

Si bien es cierto que, principalmente como resultado  de los paros agrarios ocurridos el año pasado y por la concientización misma del Gobierno y del Congreso sobre la problemática del sector se procedieron a incrementar los recursos al agro, (como el apoyo a los cafeteros, y la financiación mediante la prolongación por un año del desmonte del impuesto a las transacciones financieras),  la realidad es que deben diseñarse mecanismos adecuados para canalizar de manera permanente mayores recursos al sector rural y, en particular, a la actividad agropecuaria. Una idea es establecer compromisos de asignación de recursos presupuestales a este sector en el próximo Plan De Desarrollo para el período 2014-2018.

Pero, el problema fundamental en el sector rural colombiano y en la actividad agropecuaria no es tanto el monto de recursos que se les ha asignado, que como se explicó arriba han sido inferiores a los que deberían canalizarse dada su importancia en la actividad económica, como la forma en que estos se orientan. En Colombia ha predominado la asignación de apoyos y subsidios directos para actividades particulares, en vez de la canalización de fondos para la provisión de bienes públicos que son, según la literatura, los que tienen el impacto más favorable sobre toda la población y cuyo impacto es el más duradero. Me refiero al apoyo a actividades de estímulo como la investigación y asistencia técnica y a los servicios públicos como las carreteras y vías de acceso, así como a los bienes públicos para la población rural como la educación, la salud y la seguridad social incluyendo la protección ante los riesgos del trabajo y las pensiones a la edad de retiro. 

Esta situación de preferir los apoyos directos a los bienes públicos inclusive se ha acentuado a raíz de las negociaciones del Pacto por el Agro. En ese contexto, lo que debe reflexionar y contemplar el Gobierno, el Congreso, los candidatos a la presidencia, los gremios de la producción encabezados por la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación de Ganaderos, así como los representantes de las diversas dignidades de las actividades agrícolas y cafeteras es que se debe dar un paso fundamental hacia el marchitamiento de los apoyos directos y los subsidios a actividades particulares y su sustitución por programas de fondo de provisión de bienes públicos para la agricultura. Ojalá reine la sensatez en las negociaciones venideras.