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La política de transformación productiva

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Roberto Junguito

En esta semana el Departamento Nacional de Planeación y la Ocde adelantaron un seminario dirigido a presentar y analizar el libro titulado Revisión de La Política de Transformación Productiva en Colombia. Si bien en dicha obra la Ocde reconoce el progreso económico del país y el éxito en la lucha contra la pobreza, se resalta que Colombia todavía sufre de debilidades estructurales que obstaculizan su progreso: su muy alta dependencia en la exportación de recursos naturales como petróleo y carbón, sus lentos avances en productividad y competitividad, la falta de diversificación de su estructura productiva, la reducida oportunidad de ampliar la actividad económica a todos los territorios y el reducido gasto en investigación y desarrollo. El documento concluye que la Política Transformación Productiva 2016-2015 aprobada por el Conpes fue un paso inicial acertado en la dirección de corregir dichas fallas estructurales.

Ante la pregunta y la inquietud de si el país se encuentra en capacidad de adelantar las inversiones y las reformas para acelerar la Transformación Productiva propuesta en el libro de la Ocde se resaltaron tres rasgos de la economía colombiana que lo hacen factible y dan una señal de optimismo: en primer lugar, porque en Colombia se da continuidad a las políticas económicas fundamentales entre las diversas administraciones, como ha sido el caso de la política macroeconómica desde los años ochenta y es el caso de la Política de Desarrollo Productivo establecida en el Conpes 3866 aprobado por el gobierno anterior y al cual se le da prolongación en el Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad, el cual se establece, entre sus tres ejes básicos, un Pacto por el Emprendimiento y la Productividad que está dirigido precisamente a estimular la transformación productiva del país, y porque Colombia es un país de economía de mercado con instituciones económicas sólidas tanto en el sector público como en el sector privado y ha sido reconocido ahora como miembro de la Ocde y está en camino de adoptar sus altos estándares de transparencia.

Frente el interrogante planteado en el Informe de la Ocde de que manera se puede lograr priorizar la provisión de bienes públicos a la hora de apoyar sectores específicos, cómo incrementar la inversión pública en inversión y desarrollo y la forma de asegurar que los subsidios no se restrinjan a ciertos sectores y empresas lo que ha sido tradicional en Colombia, en el curso de la discusión y análisis del documento de la Ocde hubo acuerdo en el sentido que, para liberar recursos atados y hacer más eficiente y eficaz la asignación de los recursos del presupuesto nacional para actividades como la provisión de bienes públicos y la investigación y desarrollo, debería adelantarse una revisión de las actuales rentas de destinación específica, subsidios, gastos tributarios y asignación a fondos parafiscales por parte del Departamento Nacional de Planeación, como lo recomendó la Comisión del Gasto Público y la Inversión en su reciente Informe. En el seminario no se abordaron otras recomendaciones de dicha Comisión como la conveniencia de transitar hacia un sistema de presupuestación por programas, y la unificación del proceso presupuestal de inversión y funcionamiento en una sola entidad, aspecto que se toma en cuenta en el nuevo Plan de Desarrollo y que ha sido tema de controversia económica en días recientes.

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