Los peones de Petro

Durante décadas, la junta directiva de Ecopetrol estuvo integrada principalmente por ministros y viceministros. El razonamiento era que, si el Estado era el dueño, este debía dirigirla. Pero esa práctica era nefasta. Cada cambio de gobierno implicaba un relevo de la junta directiva y, con frecuencia, del presidente de la compañía, reduciendo la estrategia corporativa al horizonte electoral de cuatro años, en lugar del ciclo petrolero, que se mide en décadas. Además, surgía un conflicto de intereses institucional: el Estado era simultáneamente regulador, accionista, supervisor y beneficiario.

Las decisiones tendían a privilegiar ingresos de corto plazo sobre la sostenibilidad empresarial. Se presionaba por dividendos altos, se aplazaban inversiones para mejorar la caja y la empresa se convertía en una herramienta de política económica coyuntural. El resultado era una compañía rentable gracias al recurso natural, pero sin una estrategia de largo plazo. La situación cambió cuando Colombia ingresó a la Ocde. Entre sus exigencias estaba mejorar el gobierno corporativo de las empresas estatales: el Estado debía comportarse como accionista, no como administrador empresarial.

A partir de entonces, Ecopetrol incorporó miembros independientes con trayectoria empresarial y financiera; la junta dejó de ser una extensión del gabinete, pasó a ser un órgano de dirección, y el CEO dejó de ser un cargo político para empezar a ser evaluado por resultados. Esta profesionalización permitió mayor estabilidad gerencial, fortaleció la reputación ante inversionistas y redujo el riesgo político.

Pero lo ganado en buen gobierno, gracias a las exigencias de la Ocde, se perdió en 2022. ¿Por qué? Porque el buen gobierno se puede maquillar. Es el caso de Hildebrando Vélez Galeano, quien fue miembro no independiente de la junta de Ecopetrol hasta el 13 de enero de 2026 y, al día siguiente, apareció como independiente. Hildebrando, quien fue capacitador de organizaciones ambientales, sindicales y campesinas, y allegado a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Petro, hizo alguna maroma contractual, apostató contra sus mentores y amigos y se convirtió en independiente. Algo similar ocurre con Carolina Arias-Hurtado, quien, además de otros cargos, se desempeña como asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente y es también miembro independiente. En Ecopetrol, la independencia de los miembros de la junta la decreta Petro.

Una junta directiva debe nombrar o remover al CEO, supervisar riesgos, evaluar inversiones y proteger a todos los accionistas, incluidos los minoritarios. Si sus miembros carecen de experiencia empresarial y administrativa, la junta pierde capacidad real de dirección.

Pero si en Ecopetrol la junta deja que desear, el panorama se agrava. Su presidente está imputado por presuntas irregularidades relacionadas con su rol en la campaña de Petro, está envuelto en graves escándalos por la compra de su apartamento, no ha dado explicaciones por contratos adjudicados a su allegado sentimental y enfrenta una demanda del gobierno de Honduras por su pobre desempeño como gerente de la empresa de energía de ese país.

En empresas listadas en bolsa —y Ecopetrol lo está— la reputación y la idoneidad del CEO son asuntos que la junta directiva debe analizar de manera obligatoria. Ante situaciones judiciales de alto impacto reputacional, las juntas deben adoptar medidas preventivas, como solicitar una renuncia temporal o separar al ejecutivo mientras se aclara su situación, con el fin de proteger a la organización y a sus accionistas. ¿Están los miembros de la junta de Ecopetrol, con su pobre formación empresarial, preparados para cumplir con las funciones que les corresponden?

Ninguna empresa industrial y comercial del Estado puede ser eficiente sin una administración profesional y autónoma. La experiencia internacional es consistente: las empresas estatales funcionan mejor cuando existe una separación clara entre política y gestión. El gobierno fija el rumbo, profesionales independientes administran las compañías del Estado y las juntas directivas protegen a esas instituciones frente a intervenciones indebidas del accionista.

Colombia destruye su riqueza cuando permite que las empresas estatales sean manejadas como una finca de Petro. Más grave aún, los colombianos estamos permitiendo que nos traten como si fuéramos los peones de esa finca.