Tejiendo la red

Más allá de los esfuerzos económicos y programáticos de las empresas en inversiones sociales y ambientales ahora se complementa con los esfuerzos para el cuidado y consolidación democrática garantizando los derechos humanos y formulando políticas públicas.

Es torpe pensar en el “bajo perfil” cuando son las empresas el pivote del desarrollo en cada región, cuando son las empresas las que mueven la proveeduría de alimentos, el transporte, insumos y servicios que todos necesitan y, hoy por hoy, en Colombia las empresas son más confiables que los mismos gobiernos y ONGs, y son percibidas como más competentes, según el estudio Barómetro de Confianza*. Así mismo los ciudadanos esperan cada vez más que las empresas se involucren en los asuntos de las comunidades y regiones con formulación de políticas públicas y sean actores verdaderamente activos de la democracia.

Las empresas están llamadas a participar en el diálogo público privado de manera constructiva y abanderar las iniciativas que promuevan el emprendimiento, el comercio y la libertad económica e impulsen y protejan los mercados. También pueden apostar a la formulación e implementación de acciones de corto, mediano y largo plazo, que mejoren los ecosistemas empresariales y que respondan a las demandas de la sociedad, teniendo en cuenta los diversos actores y particularmente en los sectores más vulnerables.

Distintas empresas en el país han hecho contribuciones muy significativas en el marco de la responsabilidad social, pero frente a los desafíos actuales es posible y necesario que apuesten desde la planeación de los modelos de negocio y a lo largo de su operación a dejar una huella positiva, por supuesto frente al resultado económico, pero también respecto a empleados, clientes, cadenas de abastecimiento y a la comunidad que los rodea.

En un escenario de responsabilidad compartida, en donde las instituciones públicas y privadas, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos están llamados a hacer alianzas y a contribuir de acuerdo con su conocimiento y capacidades y es así como entidades como el Cipe** han hecho un llamado al sector privado invitando a las empresas a que continúen fortaleciendo sus negocios, tomando conciencia de los beneficios que conlleva contar con un gobierno corporativo robusto, promover y actuar con transparencia e incorporar políticas de inclusión respecto a mujeres, jóvenes y la comunidad Lgbti+.

Su llamado también ha sido para que alcen su voz, a partir de su conocimiento y experiencia de la mano de sus proveedores clientes, sindicatos, colegas y gremios para que incidan en política pública y en el fortalecimiento de las instituciones.

Un ejemplo totalmente innovador y exitoso es una iniciativa privada que en alianza con el gobierno nacional, al tiempo que responde a las necesidades del mercado, vincula en forma constructiva a víctimas de la violencia, reincorporados, comunidades de los 170 municipios Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - Pdet y personas en proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Hoy esas comunidades cuentan con una marca propia para comercializar sus productos en todo el territorio nacional en forma sostenible.

En últimas, las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen la capacidad de generar un círculo virtuoso actuando positivamente y en la clara realidad que un buen negocio es para todos, que fortalecer la democracia atrae la inversión y genera bienestar de largo plaza a la comunidad con quienes comparte espacio y vida.