Analistas 28/06/2020

Índice de Inversión Social Voluntaria y ejemplar

En Colombia la comunidad cafetera nos enseñó cómo el esfuerzo colectivo puede impactar en la calidad de vida de muchas personas, y fue así como los caficultores de nuestro país, a través de los comités de cafeteros, generaron posibilidades de educación incluyente y pertinente, salud de calidad, conectividad a través de las vías rurales, acueductos y electrificación entre otros programas asociados a la productividad del campo. Eso fue un ejemplo mundial a la responsabilidad social corporativa organizada, focalizada y de gran impacto.

Es cierto también que la mayoría de los empresarios pequeños y grandes, de campo y ciudad, tienen claro que su mayor responsabilidad es hacer su trabajo de la manera más ética y eficiente. Así mismo, todos conocemos cómo en cada emprendimiento, negocio familiar, actividad comercial o agropecuaria, siempre hay una decisión donde los dueños o gerentes ayudan a alguna persona, familia o comunidad en sus necesidades, pero por ausencia de ser un proceso organizado, no hay trazabilidad.

En Colombia ya se desarrolló un índice para poder medir, enseñar y aprender: el Índice de Inversión Social Privada, Iisp*, en el que este año participaron 102 empresas nacionales y extranjeras que operan en el país, cuyas ventas anuales equivalen a una tercera parte del PIB y que reportaron más de $1,3 billones en inversión social voluntaria, que equivale al 35% del presupuesto total de la alcaldía de Barranquilla.**

Las multimillonarias sumas de inversión social de las empresas en 2019 estuvieron principalmente en infraestructura 33%; en formación e investigación 15%; en desarrollo rural 14%; en desarrollo socio económico 12%; en arte y cultura 6%; en salud 5%; en fortalecimiento institucional 3%; en integración comunitaria 3%; en ayuda humanitaria 3%; en deporte y recreación 2%; en construcción de paz y reconciliación 1%; en participación ciudadana 1%; en género 1% y otras actividades 1%.

El resultado importante que revela el Iisp, es el rol de las empresas en el post conflicto, pues 12% de la inversión social voluntaria de las empresas se hizo en las zonas más afectadas por el conflicto: en las zonas Pdet *, lo que equivale a $152.000 millones, suma que significa 1,5 veces el presupuesto anual de la Agencia de Renovación del Territorio, ART*** . El 45,1% de las empresas realizan inversiones en las zonas Pdet en: reactivación económica y producción agropecuaria 22%; en educación rural y primera infancia 19%; en infraestructura y tierras 17%; en vivienda rural, agua potable y saneamiento básico 12%; en sistemas para garantizar derecho a la alimentación 12%; en salud 7%; en reconciliación, convivencia y construcción de paz 7%; en ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 3% y ortos 1%.

También es evidente la preocupación y el compromiso de las empresas con los asuntos ambientales y cambio climático, donde más allá de las obligaciones derivadas de sus impactos y de las inversiones obligatorias e impuestas por las autoridades ambientales, se realizaron en 2019 inversiones voluntarias por $200.000 millones. Los principales aportes fueron: en tecnologías que evitan o acciones que compensan gases efecto invernadero 33%; energías limpias 28%; agua 15%; gestión de residuos y materiales 13%; protección de bosques 3%; investigación 3%; biodiversidad 3% y otras inversiones 2%.

Cada vez más el empresariado colombiano responsable da ejemplo al mundo con sus estrategias de responsabilidad social, de medición y análisis con herramientas como el Iisp; de reporte a través del sistema GRI; de identificación de oportunidades de mejoramiento a través de concretar más y mejores alianzas con entidades de cooperación; de priorizar el desarrollo de proveedores locales; de aumentar la inclusión de género en todos los niveles de las empresas y aumentar las oportunidades de trabajo para personas con capacidades distintas.

*IISP Indice de Inversión Social Privada: USAID, Semana Sostenible, JA&A.
** Acuerdo 0013 Concejo de Barranquilla.
* Decreto 2411 de 2019 de ministerio de Hacienda y Crédito Público.