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Analistas 03/09/2022

Al señor Presidente

Analista LR

Puro sentido común: si alguien quiere conseguir un bonito mantel bordado, se requiere que esté hecho sobre un fino lienzo, y no sobre una colcha de retazos.

El texto de reforma tributaria que se presentó al Congreso de la Nacional, aun suponiendo que fuera impecable, que no lo es, pues si se agrega al Estatuto Tributario actual, hará más compleja la elaboración de las declaraciones de renta y, por ende, su fiscalización resultará más difícil y menos eficiente.

Hoy, el Impuesto de Renta e IVA es del orden de $200 billones anuales. Como se pretende un incremento inicial de $25 billones y un valor similar más adelante, el resultado será como inflar una bonita bomba de caucho que se reventará definitivamente si se le echa más aire del que aguanta.

Está bien que los ricos paguen más. Sin embargo, todo tiene un límite. Si el Estado pretende que las personas más pudientes le entreguen de sus ingresos, algo cercano a 70%, el ahorro desaparecerá. Millones de personas perderán su empleo y la pobreza será igual a la que hoy viven muchos países vecinos. La inversión en bienes de capital es como el abono que requieren las plantas: si les falta se marchitan y mueren. Lo sensato sería derogar las normas sustantivas del Estatuto Tributario y redactar un nuevo texto, breve, simple y claro. Solo así se podrá evitar buena parte de la elusión y la evasión fiscal. Y, en consecuencia, seguro habrá un incremento de los ingresos tributarios. La información en medios magnéticos que suministran los contribuyentes a la Dian sobre ingresos, costos, gastos, retenciones en la fuente y pasivos, es urgente simplificarla para tener un control más oportuno, eficaz y seguro. Este punto requiere de una explicación más amplia y ameritaría una columna adicional. Basta con decir que una vez se tengan las declaraciones de renta, el computador en un santiamén podrá verificar los ingresos brutos declarados por el ciento por ciento de los contribuyentes.

En relación con los inmuebles y los predios del país es urgente tener a la mayor brevedad los avalúos con el valor de cada derecho y la identidad de sus propietarios, con el fin de verificar las rentas que provienen de arrendamientos. Es probable, por no decir seguro, que con esta información habrá un incremento de los impuestos por varios billones de pesos.

El formulario de las declaraciones de renta debería contener los renglones para identificar el origen de los ingresos: laborales, jubilación, independientes, de capital, así como los respectivos espacios para los costos, gastos y exenciones.

Se debería eliminar el complejo sistema cedular y pedirles perdón a los contribuyentes por el tormento a que fueron sometidos con el formulario de renta y patrimonio que, sin duda, es el más intrincado y absurdo del mundo. Ayudaría a tener mayor claridad si este documento se presenta ante el Congreso de la República. Si bien es cierto que los impuestos de Renta e IVA solo representan 15% del PIB, se debería incluir una parte importante de los aportes a la seguridad social que se entregan a la Ugpp, con lo cual habría un incremento de varios puntos en relación con el porcentaje señalado.

La renta líquida de las personas jurídicas debe ser la renta contable antes de impuestos, más o menos, un mínimo de partidas conciliatorias. En la actualidad, no se justifica un paralelo entre el manejo contable y otro fiscal para obtener la renta líquida gravable de las personas jurídicas.

Este paso es fundamental y no implica riesgos para nadie. Habrá un ahorro considerable de tiempo para las empresas y la Dian. No hacerlo es obrar de manera irracional. Aunque parezca extraño, esto rebajaría varias de las sanciones, incluyendo los intereses moratorios actuales, que son abusivos.

En lugar de hablar en el Estatuto de abuso en materia tributaria sería preferible aclarar qué se entiende por elusión fiscal.

Hablando sobre la equidad en el cobro de los impuestos es curioso que los sectores públicos de la educación y de la justicia que son los más ineficientes e inconformes, paguen un porcentaje inferior al 15% de lo que tributan los demás.

Esta propuesta tomaría estudiarla pocas semanas, siempre y cuando se haga con personas que conozcan bien el Estatuto Tributario y tengan claridad sobre el manejo de las empresas.

Si a lo anterior se agrega que Usted, señor Presidente, fijó una meta para reducir la corrupción, así sea menos ambiciosa que la primera, se lograría superar los $25 billones de recaudo. No olvidar que los corruptos, como carecen de principios éticos, su ambición no tiene límites. Quedo a su disposición.

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