Ungrd: ¿Un saqueo rumbo a la impunidad?

Dejó de copar las primeras planas para convertirse en un escándalo más en medio de los cientos de líos con los que solemos despertar. Tanto, que Carlos Ramón González, tal parece, ficha clave de uno de los mayores entramados corruptos de nuestra historia reciente, salió de Colombia generando, en su momento, nulas alarmas sobre su paradero. Ahora, algo tarde, entendemos que sacó provecho de la distracción colectiva para anticiparse a lo que sabía, se destaparía.

Sin embargo, alrededor del multimillonario saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd, están pasando cosas y dejando de pasar muchas otras que debería, un país sensato, mantener en el radar. Acostumbrados a la impunidad, estamos en deuda de cuestionar, confrontar y exigir resultados que trasciendan, como ha ocurrido siempre, el contentillo de condenar a los eslabones más débiles de la cadena. Esos, que resultan útiles para el show mediático, la foto de la reseña y el titular de prensa y con el que los intereses que subyacen -en exceso poderosos-, apuestan por el olvido.

Olmedo López, otrora considerado testigo estrella del caso; el primero en declarar, entregar nombres, fechas y otros cuantos detalles, se quedó sin principio de oportunidad por cuenta de la que habría calificado la justicia, una débil sustentación de la Fiscalía. La decisión -aquí está la bolita-, diría el acertado saber popular, dejaría sin piso jurídico las delaciones hasta el momento conocidas ¿Conveniente para quién? A lugar la inquietud, que dicho sea de paso, no es la única.

Y es que, en este llamado a hacer memoria, hay que recordar que a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, le negaron, de tajo, la misma posibilidad. Su solicitud para acceder a beneficios judiciales a cambio de entregar información empezó a experimentar trabas después de que pusiera a sonar, con sus testimonios, el presunto papel del exdirector del Dapre y del actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Para la época de los hechos, secretario jurídico de Presidencia. Tras señalarla de ‘errática y no confiable’, cerraron la puerta de la colaboración a quien, curiosamente, en el organigrama de la red de corrupción, la propia Fiscalía ubica en el corazón de la estructura ¿Hace sentido?

Pero, hay más. Sneyder Pinilla, en ese entonces, segundo al mando de la entidad; en una carta pública deja claro que no piensa atentar contra su vida ¿A qué responde la necesidad de manifestarlo? Mientras tanto, César Manrique, exdirector del Departamento de Función Pública, con orden de captura por supuestamente recibir una coima de $3.000 millones, desde el 29 julio, día en el que la juez 66 penal de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en su contra; no aparece. Requerido para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, se convierte en otra ausencia que reclama atención.

Las piezas del rompecabezas comienzan a extraviarse o a malograrse y para nadie es un secreto que ni incompletas ni maltrechas lograrán encajar ¿Es ese el objetivo? Pregunta suelta ¿Quién dio la orden? El eterno interrogante que se repite.