El problema no es solo el “gota a gota”

El panorama empresarial de nuestro país merece una mala nota: hay 1,5 millones de empresas constituidas, esto es, una empresa por cada 35 habitantes, la más baja proporción de la región. En Perú hay más del doble de empresas que aquí (3.350.000), esto es, una firma por cada 10 habitantes, y en Ecuador hay 19 habitantes por cada empresa en operación.

Y ni hablar de Brasil, donde hay 26 millones de compañías, una por cada ocho personas, ni de México, donde hay 6,2 millones de empresas, en una relación de 1 a 19. Ha hecho carrera la idea de que los colombianos somos unos grandes emprendedores, pero la realidad no lo demuestra. Por ello, debería ser uno de los asuntos de estudio de la política pública, pero brilla por su ausencia.

En una cita que tuvieron en Bogotá empresarios de lo que un día se llamó la Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia), hubo sorpresa general entre los asistentes sobre nuestro caso, por la carencia de un brazo financiero o bancario para la pequeña y la microempresa, teniendo en cuenta que la estructura empresarial está montada sobre ellas: 94,3% (1.450.000) son micro, 4,2% son pequeñas, 1,0% son medianas y solo 0,4% (5.600) son grandes. Las proporciones no cambian si se comparan con lo que ocurre en Chile, Perú, México e incluso Brasil. Solo en Chile hay algún cambio en favor de las pequeñas, medianas y grandes firmas, que alcanzan 21% de ese agregado. Y la informalidad es similar a la nuestra.

Sin embargo, sí hay una diferencia grande entre lo que ocurre en esos países vecinos y en Colombia: en todos ellos existen planes integrales para el desarrollo de las micro y pequeñas unidades productivas, cosa que aquí es marginal, en particular en lo que se refiere a financiamiento y capital de trabajo por parte directa del Estado. Cuando en los círculos financieros se habla del asunto, la conversación se centra en la llamada “tasa de usura” y en las garantías exigidas para otorgar créditos, y se alega que los costos financieros son más altos porque el riesgo es mayor. Eso es marginalmente cierto, pero se puede corregir si hay voluntad.

Hay que decirlo sin tapujos. En nuestro país ha sido virtualmente inexistente un programa serio de desarrollo y fomento para las micro y pequeñas empresas, pues siempre se habla de políticas hacia “el sector privado” en general, un análisis demasiado limitado. En buena parte por ello, la informalidad se ha apoderado de esos segmentos y las necesidades de recursos son cubiertas mayormente por el crédito extrabancario o “gota a gota”.

En Colombia, 70% de las microempresas se cierran a los cinco años de creadas y el promedio de vida no supera los tres años. Lo más común es observar que una pequeña unidad empresarial nace con recursos propios o de familia cercana, pero, cuando ese dinero se agota, entra en dificultades serias que llevan a su liquidación y le es imposible sobrevivir. Solo dos de cada 10 micronegocios han solicitado un crédito bancario, según el Dane.

En Colombia ha sido excepcional la política económica en favor del emprendimiento y solo merecen destacarse dos casos: en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se montó el “PND de la Microempresa” como política de Estado, y en 2020, con Iván Duque, se dio la “Política Nacional de Emprendimiento” (Conpes 4011), que sin duda permitió el desarrollo de iniciativas de la “economía naranja”, la cual puso al país a pensar en una modernización empresarial, con el apoyo del BID. Así nacieron muchos emprendimientos. Pero mientras se dé esa mortandad tan alta, no se irá lejos.

La gente emprendedora le tiene miedo a recurrir al sistema financiero porque lo considera, con cierta razón primaria, una solución imposible, tanto por los requerimientos como por el costo del crédito y de las comisiones. Puede que no se requieran conocimientos profundos para acceder al crédito, pero la reflexión es que la banca ha hecho muy poco para cambiar esa percepción.

El Estado tampoco ha fomentado el emprendimiento en términos concretos, comenzando por la inexistencia de un brazo propio para los emprendedores. Y en el campo, los burócratas del sector agrofinanciero solo tienen en la mira la rentabilidad y su competencia con la banca privada. México, Brasil y Perú nos dan ejemplo.

Hay un gran instrumento, creado hace más de 40 años, que podría ser determinante para empujar desde abajo el desarrollo empresarial del país: el Fondo Nacional de Garantías (FNG), cuyo objeto es enfrentar el eterno escollo de los emprendedores para acceder al crédito bancario (las garantías), lo que aliviaría el riesgo alegado por la banca. Sin embargo, el primer paso sería desvincularlo del Ministerio de Hacienda, cuya misionalidad no está en el desarrollo del sector productivo, que poco le duele, sino en ser un instrumento para financiar al gobierno.