Impuestos, la cruda realidad

El sistema tributario colombiano atenta contra las necesidades de inversión, se concentra en la misma población objetivo, no cumple con la función redistributiva, es un palo en la rueda para el desarrollo y, lo más grave, es absolutamente insuficiente para financiar los requerimientos del país.

Se ha expuesto hasta la saciedad que los países desarrollados recaudan cerca de 75% del impuesto sobre la renta de las personas naturales y 25% de las empresas; en Colombia es al revés. Toma absoluta relevancia el estudio efectuado por la Ocde en 2026, según el cual la tarifa corporativa de renta en Colombia es la cuarta más alta entre 146 países analizados y se ubica cerca de 14 puntos por encima del promedio mundial. Esto, sin duda, encarece la actividad operativa de las empresas, pero el problema se exacerba al revisar la tasa combinada, dado que eleva la carga a niveles muy superiores, destruye toda iniciativa de inversión y resulta casi confiscatoria en sectores como el extractivo y el financiero, al imponer excesivas sobretasas. Para rematar, el gravamen a los dividendos girados a sociedades extranjeras le resta total competitividad al país. Prueba de ello son los mínimos históricos de inversión: menos de 15% del PIB.

En el caso de las personas, solo cerca de 8% de la población declara y paga renta, lo que equivale a aproximadamente 4,5 millones de ciudadanos. No pueden estas sostener el grueso de la sociedad; no pueden todas las reformas tributarias buscar el ingreso en los mismos contribuyentes. Es indispensable ampliar la base tributaria a por lo menos 20% de la población; no tiene que ser con tarifas altas, pero se requiere que esa población ayude a soportar el peso del Estado. Resulta complejo que, al mismo tiempo, el país necesite elevar el recaudo y fomentar la inversión privada. Esto implica aumentar el impuesto de renta a las personas y, de otro lado, reducir los impuestos al capital y mejorar el tratamiento tributario a los bienes de capital.

Cuando se mira el IVA, se observa que la Ocde y diversos análisis económicos sugieren ampliar la base de productos gravados, pero mitigando este impacto en los hogares de menores ingresos mediante transferencias monetarias directas, como la compensación o devolución de este impuesto. Increíble: esto fue lo que propusimos en el gobierno del presidente Iván Duque y sirvió de excusa para el actuar terrorista adornado con el nombre de estallido social. Pero más inaudito es que buena parte de la canasta familiar se gravó de manera antitécnica y regresiva con los denominados impuestos saludables, que sin duda impactan en mayor proporción a la población de escasos recursos. Este país macondiano aplaudió.

Cuando se analiza el gasto tributario en el país, que no es otra cosa que los beneficios sobre impuestos existentes, se observa que este representa más de $150 billones al año, de los cuales los bienes y servicios excluidos de IVA se acercan a $95 billones y lo correspondiente a renta puede sumar aproximadamente $50 billones. Colombia es el país con mayor gasto tributario de América Latina. Existen beneficios para poblaciones favorecidas que no tienen sustento alguno; por ejemplo, los profesores y rectores de universidades públicas solo pagan renta por menos de la mitad de sus ingresos (el resto está exento) y los notarios gozan de un régimen tributario especial.

Así mismo, los carros híbridos deben pagar impuestos en igualdad de condiciones que los de combustión. Estos beneficios no cumplen con el principio de justicia tributaria. Estoy convencido de que, de no efectuarse el ajuste anunciado, en 2027 Colombia enfrentará una crisis fiscal debido a sus altísimas necesidades de financiamiento. Los mercados han dado el beneficio de la duda sobre la base de que viene un ajuste grande. Una crisis fiscal afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables. Los colombianos debemos tener claro que el ajuste se va a dar; es mejor que sea concertado y ordenado, y no que los mercados nos castiguen y la realidad económica nos lo imponga con absoluto rigor.