Abrimos la puerta; falta el camino

Colombia puede exhibir hoy el mejor dato de acceso a la educación superior de su historia y una cobertura de 61,75% en 2025. A eso se suma un cambio estructural en las reglas de financiación de la educación pública, con la Ley 2568 de marzo de este año. El acceso es apenas el primer tercio del problema. El segundo es la permanencia: de cada 100 jóvenes que empiezan un programa universitario, solo 43 se gradúan, con una deserción anual entre 8% y 9% que el país paga en cerca de $2,8 billones cada año. El tercero, el menos discutido, es lo que ocurre después del grado: el desempleo de los jóvenes entre 15 y 28 años fue de 14,7% en el trimestre abril-junio de 2026, casi el doble de la tasa nacional, y 2,26 millones de personas en ese rango de edad no estudian ni trabajan.

Ahí está el punto ciego de nuestra conversación pública. Hemos organizado la política de educación superior alrededor del cupo, y el cupo es indispensable; pero la movilidad social no la produce la matrícula. La produce la trayectoria completa: entrar, permanecer, graduarse, insertarse en un trabajo decente y poder reinventarse cuando ese trabajo cambie. Cada uno de esos eslabones tiene hoy una fuga, y las fugas no se reparten por igual. El tránsito inmediato del colegio a la educación superior llega a 47,9% en el país, pero cae a 31,9% en las zonas rurales. Quien nace lejos, entra menos, entra más tarde y deserta más. Si el sistema quiere ser de verdad un ascensor social, y no un espejo de las desigualdades de origen, necesita tres desplazamientos. El primero es aceptar que el título dejó de ser el punto de llegada y debe convertirse en el punto de partida.

El Foro Económico Mundial estima que 39% de las competencias centrales de los trabajadores cambiará hacia 2030. Ninguna institución puede seguir entregando egresados como productos terminados. Formamos personas que tendrán que aprender, desaprender y reaprender varias veces, y eso obliga a rediseñar el currículo, no a añadirle una asignatura. Trayectorias flexibles, credenciales progresivas, reconocimiento de aprendizajes previos y educación continua real, no un catálogo de diplomados, deberían ser política de Estado, no iniciativa aislada de algunas instituciones.

El segundo es asumir que la inteligencia artificial, si la dejamos a su suerte, ampliará la brecha en lugar de cerrarla. Quien llega a la universidad con dispositivos, conectividad, inglés y redes familiares, aprovecha estas herramientas desde el primer día. Quien llega sin eso, las usa para copiar. Democratizar la IA no consiste en dar acceso a una plataforma, consiste en garantizar acompañamiento, criterio y propósito. Y no es un asunto menor de didáctica; es la diferencia entre un egresado que le dicta órdenes a la máquina y uno que solo compite con ella.

Por eso las llamadas competencias blandas, pensamiento crítico, juicio ético, comunicación, colaboración, capacidad de reconvertirse, son cualquier cosa menos blandas, son las que sostienen el valor del trabajo humano cuando la tarea técnica se automatiza. El tercero involucra al sector productivo, que ha sido espectador cómodo de este debate. Si las empresas eliminan las posiciones de entrada, esas donde un joven aprende equivocándose, estarán optimizando el trimestre y destruyendo su propia cantera de talento. Le pediría a los empleadores que no esperen recibir profesionales completos, sino personas éticas, con fundamentos sólidos, criterio y capacidad de aprender; y que conviertan a las instituciones de educación superior en aliadas permanentes de upskilling y reskilling, no en proveedoras transaccionales de hojas de vida.

Colombia abrió la puerta. Ahora tiene que acompañar el camino. Un diploma no es movilidad social; es apenas la promesa de que puede haberla.