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Analistas 02/09/2026

El camino obligado pasa por el subsuelo

Frank Pearl
Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP

El viernes pasado, en la Convención de Asobancaria, el ministro de Hacienda hizo una presentación clara y valiente en la que sinceró las cifras del país. Colombia enfrenta la situación fiscal más crítica en décadas. En 2025 el déficit primario del Gobierno Nacional Central llegó a -3,5% del PIB, el total a -6,4% y la deuda neta a 58,6%, su nivel más alto desde 1999. El diagnóstico del Ministerio de Hacienda es inequívoco: sin acción, el déficit primario se estabilizaría en -4,5% del PIB y la deuda tomaría una senda explosiva hasta 82,0% en 2030, superando el límite de 71%.

El origen del desbalance está en el gasto, no en los ingresos. El gasto total llegó a 22,7% del PIB en 2025, 3,5 puntos por encima de su tendencia prepandemia, mientras el ingreso se mantuvo en la suya (16,3%). El exceso se concentra en funcionamiento (17,2%, +2,3 puntos), no en inversión, que apenas llega a 2,7%. El déficit primario colombiano casi duplica el del siguiente país más deficitario de la región, Chile (-2,0%). Y el servicio de la deuda ya consume 28,6% de los ingresos tributarios, frente a 15,7% en 2014: de uno de cada seis pesos a casi uno de cada tres.

La respuesta oficial combina sinceramiento y ajuste: un recorte de gasto de $21,9 billones en 2026, un PGN 2027 que reconoce $59,3 billones en obligaciones antes desfinanciadas y una Ley de Rescate Económico con un ajuste estructural de 2,2 puntos del PIB. Con reforma, el balance primario llegaría al equilibrio en 2030 y la deuda se estabilizaría en 64,8%, en lugar de 82,0%.

El ajuste es indispensable, pero no basta con recortar. La economía creció 1,6% en promedio en los últimos tres años y la tasa de inversión cayó a 16,1% del PIB, la más baja desde 1975. Sin crecimiento ni ingresos nuevos, cada peso de ajuste duele más y rinde menos. El propio Ministerio señala que los sectores rezagados -construcción, minas y canteras, industria, electricidad y gas- son los de mayores multiplicadores de inversión.

En este contexto, los hidrocarburos dejan de ser un asunto sectorial y se vuelven parte de la solución macroeconómica y fiscal. La inversión en exploración y producción (E&P) de 2026 está estancada en US$4.190 millones, con exploración de apenas US$590 millones, 54% por debajo de 2022, y la producción caería a 740-750 kbpd (miles de barriles promedio día) de crudo y 705 MPCD (millones de pies cúbicos día) de gas. Ya importamos 35% del gas que consumimos, y en 2030 sería la mitad. Sin embargo, un estudio intergremial, elaborado por el Cree, estima que un apoyo decidido a la industria generaría $695 billones de ingresos fiscales entre 2026 y 2050, frente a $276 billones en un escenario de comportamiento orgánico: más de $400 billones adicionales y hasta 161.700 empleos.

Buena parte de esa agenda no cuesta un peso del presupuesto: es regulatoria. A través de una política de Estado de largo plazo, podemos establecer las condiciones para que los inversionistas decidan poner su capital en nuestro país, y luego retomar las rondas de asignación de áreas y firmar nuevos contratos. Dar celeridad a los trámites; acelerar los proyectos de gas y el acceso a infraestructura de importación; tener una ventanilla única con plazos vinculantes para licencias ambientales y reglas claras y obligatorias para la consulta previa; desarrollar los yacimientos no convencionales que cuentan con un marco regulatorio sólido y estándares ambientales exigentes; proteger la infraestructura crítica frente a los bloqueos ilegales, el principal limitante de la inversión para 31% de las compañías.

Son decisiones administrativas y normativas, no subsidios ni gasto adicional. Nada de esto trae resultados inmediatos: entre una ronda de asignación y el primer barril pasan años, y la renta fiscal llega después. Precisamente por eso la decisión es urgente: cada año de demora traslada el costo al siguiente ajuste. En un país que debe cerrar una brecha de más de dos puntos del PIB, renunciar a la renta del subsuelo mientras se importa gas es una contradicción muy costosa.

El camino obligado del ajuste es correcto; será mucho más corto si se recorre con el subsuelo trabajando a favor.

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