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El viernes pasado, en la Convención de Asobancaria, el ministro de Hacienda hizo una presentación clara y valiente en la que sinceró las cifras del país. Colombia enfrenta la situación fiscal más crítica en décadas. En 2025 el déficit primario del Gobierno Nacional Central llegó a -3,5% del PIB, el total a -6,4% y la deuda neta a 58,6%, su nivel más alto desde 1999. El diagnóstico del Ministerio de Hacienda es inequívoco: sin acción, el déficit primario se estabilizaría en -4,5% del PIB y la deuda tomaría una senda explosiva hasta 82,0% en 2030, superando el límite de 71%.
El origen del desbalance está en el gasto, no en los ingresos. El gasto total llegó a 22,7% del PIB en 2025, 3,5 puntos por encima de su tendencia prepandemia, mientras el ingreso se mantuvo en la suya (16,3%). El exceso se concentra en funcionamiento (17,2%, +2,3 puntos), no en inversión, que apenas llega a 2,7%. El déficit primario colombiano casi duplica el del siguiente país más deficitario de la región, Chile (-2,0%). Y el servicio de la deuda ya consume 28,6% de los ingresos tributarios, frente a 15,7% en 2014: de uno de cada seis pesos a casi uno de cada tres.
La respuesta oficial combina sinceramiento y ajuste: un recorte de gasto de $21,9 billones en 2026, un PGN 2027 que reconoce $59,3 billones en obligaciones antes desfinanciadas y una Ley de Rescate Económico con un ajuste estructural de 2,2 puntos del PIB. Con reforma, el balance primario llegaría al equilibrio en 2030 y la deuda se estabilizaría en 64,8%, en lugar de 82,0%.
El ajuste es indispensable, pero no basta con recortar. La economía creció 1,6% en promedio en los últimos tres años y la tasa de inversión cayó a 16,1% del PIB, la más baja desde 1975. Sin crecimiento ni ingresos nuevos, cada peso de ajuste duele más y rinde menos. El propio Ministerio señala que los sectores rezagados -construcción, minas y canteras, industria, electricidad y gas- son los de mayores multiplicadores de inversión.
En este contexto, los hidrocarburos dejan de ser un asunto sectorial y se vuelven parte de la solución macroeconómica y fiscal. La inversión en exploración y producción (E&P) de 2026 está estancada en US$4.190 millones, con exploración de apenas US$590 millones, 54% por debajo de 2022, y la producción caería a 740-750 kbpd (miles de barriles promedio día) de crudo y 705 MPCD (millones de pies cúbicos día) de gas. Ya importamos 35% del gas que consumimos, y en 2030 sería la mitad. Sin embargo, un estudio intergremial, elaborado por el Cree, estima que un apoyo decidido a la industria generaría $695 billones de ingresos fiscales entre 2026 y 2050, frente a $276 billones en un escenario de comportamiento orgánico: más de $400 billones adicionales y hasta 161.700 empleos.
Buena parte de esa agenda no cuesta un peso del presupuesto: es regulatoria. A través de una política de Estado de largo plazo, podemos establecer las condiciones para que los inversionistas decidan poner su capital en nuestro país, y luego retomar las rondas de asignación de áreas y firmar nuevos contratos. Dar celeridad a los trámites; acelerar los proyectos de gas y el acceso a infraestructura de importación; tener una ventanilla única con plazos vinculantes para licencias ambientales y reglas claras y obligatorias para la consulta previa; desarrollar los yacimientos no convencionales que cuentan con un marco regulatorio sólido y estándares ambientales exigentes; proteger la infraestructura crítica frente a los bloqueos ilegales, el principal limitante de la inversión para 31% de las compañías.
Son decisiones administrativas y normativas, no subsidios ni gasto adicional. Nada de esto trae resultados inmediatos: entre una ronda de asignación y el primer barril pasan años, y la renta fiscal llega después. Precisamente por eso la decisión es urgente: cada año de demora traslada el costo al siguiente ajuste. En un país que debe cerrar una brecha de más de dos puntos del PIB, renunciar a la renta del subsuelo mientras se importa gas es una contradicción muy costosa.
El camino obligado del ajuste es correcto; será mucho más corto si se recorre con el subsuelo trabajando a favor.
Hay unos pocos datos que cualquier ciudadano debería poder leer con la misma naturalidad con la que mira el clima o el marcador. No para volverse economista. Para no dejarse llevar por el titular del día
Invertir en el Caribe colombiano no es una nueva visión centralista ni una transferencia asistencialista, sino la decisión macroeconómica más rentable para la nación entera
Inda, audite con rigor. Lafaurie, responda con cuentas. Los ganaderos pagan una contribución obligatoria; no compran una camiseta política
