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Acabo de visitar República Dominicana, donde la gestión de la pandemia está cosechando éxitos políticos y económicos: el PIB ha crecido un 13% en los seis primeros meses de 2021.
Recuerdo la visita del presidente Luis Abinader a España, hace unos meses, cuando le organizamos una reunión con grandes empresarios españoles con intereses en el país, la mayoría del sector turístico. Solo había una petición: “Vacunen lo más rápido posible, solo conseguiremos recuperar la confianza del turismo internacional, si los empleados de los hoteles y las poblaciones cercanas están vacunadas”. El sector privado se ofreció a gestionar las vacunas y a financiarlas. El presidente explicó que no se podía vacunar a los empleados del sector turístico y a los de otros sectores no, pero que haría de la vacunación su máxima prioridad. Cumplió: hoy más de 50% de la población está vacunada con dos dosis; un número creciente ya cuenta con la tercera, y se ha recuperado el 80% del turismo.
La estabilidad política ha sido otro factor esencial para acelerar el crecimiento económico. El ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó, trabajador implacable, está consiguiendo tasas de inversión internacional en el país nunca vistas. A ello se une la recuperación en USA: entre 1% y 2 % del PIB procede de remesas de emigrantes.
Pero, sobre estos aspectos, querría destacar la colaboración público-privada, que solo existe cuando hay un clima de confianza. Creer y Crear, es el lema del Ceapi, la organización que presido, y la fórmula mágica para crecer. Conseguir esa complicidad atrae la inversión que permite posicionar el país en el mercado internacional y genera certidumbre al propio empresario nacional que, siempre y en todos los países, es el primer inversor, desde el pequeñísimo microempresario al mayor de todos ellos.
En este marco, estoy encontrando, al igual que ocurre en Colombia, magníficos empresarios como Felipe Vicini, Paola Ranieri, Héctor Rizek, entre muchos otros, que comparten la visión de que, hoy, la economía tiene que ser sostenible y con impacto social. Están desarrollando una actitud que contagia y arrastra, mediante una nueva visión de transformación social que sigue el modelo ESG (Environmental, Social and Governance), e incluye un rotundo compromiso medioambiental, un NO rotundo a la corrupción, y buenos sistemas de control del poder en las organizaciones.
En Colombia, la legislación que promueve las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC) ha sido un paso importante para hacer compatible el legítimo objetivo de conseguir beneficios económicos, con generar, simultáneamente, beneficios sociales y ambientales. Una propuesta con una exitosa acogida: en octubre de 2020 había 266 sociedades BIC y está previsto que sean 600 a final de año. Datos que hablan muy bien de los empresarios colombianos y del firme compromiso con su país.
Todo lo dicho son ejemplos de políticas eficaces en Latinoamérica para generar esa mutua cooperación entre gobiernos y empresarios que permita avanzar a los países gracias a unas empresas que actúen en favor de la sociedad en la que conviven, situando los aspectos sostenibles sociales y ambientales en el corazón, propósito y gestión de la compañía. Los positivos resultados obtenidos indican que continuar fortaleciendo esa complicidad, a través de incitativas que favorezcan la transparencia y pongan cerco a la corrupción, es necesario e inaplazable.
