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La semana pasada tuvo lugar uno de los encuentros más importantes del sector energético a nivel nacional, donde concurrieron, multitudinariamente, diversos actores del sector de gas, petróleo, biocombustibles, energías renovables, minería, entre otros. El evento coincidió con tres hechos relevantes de la actualidad energética nacional. El primero de ellos, el reporte de reservas de hidrocarburos de la ANH que sentenció que el país cuenta con reservas de petróleo para 7,5. años y 7,2 años para gas. El segundo, el desabastecimiento de gas que sufrió por algunos días el Eje Cafetero y el suroccidente del país, debido al fenómeno natural ocurrido en el volcán cerro Bravo. El tercero, el anuncio de Enel de suspender indefinidamente el proyecto eólico Windpeshi (205 MW) “ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la Organización”. Sumado a ello, el pasado fin de semana, casi al unísono, fueron numerosos los llamados a las autoridades por parte de editoriales, columnas de opinión, crónicas, para reconsiderar y reflexionar sobre el preocupante panorama que se cierne sobre el país en materia energética.
En efecto, lo que se discute hoy ya no se trata de un debate meramente ideológico. Hay preocupación real de la industria, lideres de opinión, academia, gremios, etc, por unos datos técnicos en materia de autosuficiencia energética que, sin matices, no son positivos y que, de no corregirse el rumbo, nos llevan a imaginar el país, lamentablemente, en un escenario cercano, por ejemplo, al desabastecimiento de gas, que tendría unos efectos devastadores en más de 10 millones de usuarios de este servicio, de los cuales más de dos millones y medio pertenecen al estrato uno y alrededor de cuatro millones al estrato dos.
Una transición energética cuyas decisiones de política pública tengan como consecuencia la restricción o limitación, permanente o temporal, del acceso a este energético vital, no es una transición energética justa, menos aun con los usuarios más vulnerables. Tampoco lo sería, un escenario en el que, frente al desabastecimiento y la importación como respuesta, el usuario tenga que pagar dos o tres veces el costo actual del servicio con gas “nacional”.
Por su parte, la preocupación también es mayúscula por el mensaje que deja en el ambiente el anuncio de Enel alrededor de las enormes dificultades que hoy enfrentan los proyectos de energía renovable en nuestro país por la enorme complejidad en el relacionamiento social, haciendo inviables los proyectos a pesar de los múltiples esfuerzos que en el territorio se hacen para gestionar adecuadamente las expectativas de las comunidades. Sin duda, hay mucho por mejorar en este ámbito, desde el mismo relacionamiento temprano, desde la misma representatividad por parte de las comunidades, desde el mismo conocimiento de su cosmovisión, de sus expectativas legitimas, etc, pero la experiencia indica que sin un sólido liderazgo institucional esta tarea es una ilusión.
En efecto, no es una transición energética justa, ni con las comunidades, ni con los inversionistas, ni con nuestras necesidades de abastecimiento oportuno, aquella donde el relacionamiento social no es liderado por las autoridades con un norte claro, reglas de juego diáfanas, etapas concretas, como facilitador de acuerdos y conciliador de diferencias cuando las hay. En el caso colombiano, aún no es posible esperar que las empresas resuelvan por sí mismas todas las necesidades del territorio (en ocasiones olvidado), tampoco que exista un balance informativo justo en las conversaciones (asimetría del conocimiento), un cumplimiento estricto de los cronogramas, de los acuerdos, etc. Salvo excepciones contadas, en materia de gestión social de este tipo de proyectos, el Estado debe estar presente en la mesa, hay carencias de base en el territorio que exigen de su acompañamiento, no hay alternativa. En otras palabras, sin liderazgo y acompañamiento institucional proactivo en la gestión social de los proyectos, tampoco habrá transición energética justa en Colombia.
De fondo, los acontecimientos de la semana anterior obligan a un clamor a las autoridades y tomadores de decisión para que tengan en consideración la seguridad y soberanía energética de Colombia como ejes fundamentales de nuestra política pública de Transición. El mismo llamado para que se tenga en cuenta la importancia de la complementariedad de las fuentes energéticas, en nuestro caso, afortunadamente diversas, que no podemos desechar a la ligera. El recién anuncio de descubrimiento de crudo por parte de Ecopetrol y Repsol en el Meta confirma la máxima según la cual, en términos simples, para encontrar hay que buscar, pero para ello se necesitan señales claras para el fomento de la inversión, que hoy son opacas y una acción decidida de ofrecer nuevas rondas de contratación para nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, acción hoy inaplazable.
Finalmente, desde la arista humana de la transición energética, Colombia cuenta con recursos propios que nos permitirían garantizar a los usuarios (a partir del uso de nuestra pluralidad de fuentes) una transición energética segura, asequible, ordenada, serena y planificada, sin poner en condición de vulnerabilidad al usuario, en riesgo nuestro orden económico, nuestra estabilidad fiscal y la satisfacción plena de nuestras necesidades energéticas. La energía más costosa es la que no se tiene y se nos agota el tiempo.
