Una guerra en contra de la informalidad

Colombia necesita emprender una guerra en contra de la informalidad. Ello no significa perseguir a quienes sobreviven diariamente gracias a ella, ni tratarlos de delincuentes, sino una estrategia nacional que comprenda sus causas, reduzca los costos de la formalización empresarial y consiga que trabajar y hacer empresa en el marco de la ley resulte más atractivo que permanecer por fuera de ella.

La magnitud del problema no admite indiferencia. En el último año la informalidad laboral alcanzó 54,6% a nivel nacional. Más de la mitad de los ocupados del país trabaja sin garantías legales, sin las condiciones de protección y estabilidad propias del empleo formal. La informalidad no es, entonces, un fenómeno marginal: constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país. Sus efectos se extienden a toda la economía.

Las empresas informales, cuando sobreviven, suelen operar a menor escala, invertir menos en capital y tecnología y enfrentar mayores dificultades para acceder al crédito bancario. Empresarios que, además, no están en la órbita del Estado, por lo que no pueden ser beneficiarios de sus programas. Esa combinación reduce su productividad, restringe sus posibilidades de crecimiento y las mantiene atrapadas en actividades de baja eficiencia. Al mismo tiempo, perjudica a las empresas formales, obligadas a competir con quienes no pagan impuestos, no realizan aportes a la seguridad social ni asumen los demás costos establecidos en la ley.

La informalidad tampoco es gratuita para el Estado. Cuando empresas y trabajadores permanecen fuera del sistema, disminuye el recaudo tributario y se reduce la capacidad pública para financiar infraestructura, educación y salud. Además, la falta de cotizantes debilita sustancialmente los sistemas de pensiones y salud, mientras aumenta la necesidad de subsidios y ayudas institucionales para quienes carecen de mecanismos de aseguramiento. Los costos sociales de la informalidad superan sus beneficios individuales: trabajadores con protección social limitada, empresas menos productivas y un Estado con menor capacidad para recaudar impuestos y proveer bienes públicos. El resultado es una asignación ineficiente de los recursos que afecta el crecimiento económico y amplifica la volatilidad del producto, el consumo y la inversión.

Sin embargo, una cruzada seria debe comenzar por reconocer que la informalidad tiene múltiples causas. Influyen la baja escolaridad, los bajos ingresos, la preferencia por trabajos flexibles, la limitada productividad empresarial, la rigidez de la legislación laboral, los impuestos a la nómina, los costos del registro empresarial y una fiscalización insuficiente. Además, vivimos un país con una carga regulatoria desbordada. Como se reporta en el Índice de Burocracia en América Latina, a un pequeño empresario le toma en promedio anualmente 476,85 horas cumplir con las obligaciones de empleo, operación y otros, un promedio de 60 días para cumplir con trámites. En ese entorno no puede existir una solución única ni puede descargarse toda la responsabilidad sobre trabajadores y pequeños empresarios.

El Estado debe actuar simultáneamente sobre esos frentes. La educación y la formación pertinente son esenciales para que más personas accedan a empleos formales. Las pequeñas empresas necesitan crédito formal más barato, menores barreras de registro y condiciones que les permitan crecer e incorporar tecnología de manera constante. También es necesario reducir los costos laborales para que sean compatibles con la productividad, modalidades adecuadas para el trabajo parcial y programas sociales que favorezcan la formalización, en lugar de crear incentivos para salir de ella.

La evidencia nos demuestra, además, que reducir los impuestos a la nómina puede promover la creación de empleo formal, elevar la productividad total y favorecer el crecimiento económico de largo plazo. La formalización no debe entenderse como una carga adicional, sino como una inversión capaz de fortalecer a las empresas, proteger a los trabajadores y ampliar la capacidad del Estado. Asimismo, la experiencia demuestra que disminuir los costos de registro resulta insuficiente si no se acompaña de financiación accesible, capacitación y mejores oportunidades productivas.

Colombia no puede resignarse a que la informalidad sea el destino de más de la mitad de sus trabajadores y empresarios. Es fundamental construir un país donde cumplir la ley sea posible, conveniente y sostenible. Formalizar es producir más, competir en condiciones justas, proteger la vejez y financiar los bienes públicos que hacen viable el desarrollo. Combatir la informalidad no significa combatir al informal: significa remover las barreras que lo condenan a seguir siéndolo y abrirle una ruta hacia la productividad, la protección social y la dignidad.