De espaldas al desarrollo

El anuncio reciente del gobierno nacional de rechazar la propuesta de IP Conexión Centro, con la que se proponía realizar una inversión cercana a $7 billones en las denominadas Autopistas del Café, ha generado gran preocupación en el sector empresarial colombiano. Y es que no es un tema menor: la idea de limitar o eliminar la inversión privada y la participación del sistema financiero en el sector de infraestructura tendrá graves consecuencias para nuestra economía, en el mediano y en el largo plazo. Colombia parece dispuesta a dar un paso atrás en uno de los pocos modelos que ha permitido cerrar, así sea parcialmente, su brecha histórica en infraestructura.

Han pasado más de treinta años desde la implementación del modelo de concesiones en Colombia, uno imperfecto, pero con el que se ha impulsado la infraestructura de un país que parecía condenado al atraso en la materia por el viejo modelo de la obra pública y los escasos recursos. Los resultados en la materia son evidentes. El sistema implementado desde 1991 trajo al país billones de pesos en inversiones, miles de nuevos empleos y kilómetros de vías construidas, así como la mejora sustancial en materia de puertos y aeropuertos (y, más recientemente, en otro tipo de obras). A esos logros se suman los avances que hemos vivido en materia de conocimiento y tecnología para el sector. Parte de la competitividad que hoy tiene el país -aunque aún insuficiente- se explica por ese esquema.

Más allá de las dificultades que se han tenido que superar -y las que aún persisten-, el modelo implementado ha permitido la participación del sistema financiero, uno que ha movilizado una gran cantidad de recursos y se ha dado a la tarea de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas (inclusive las técnicas) en los contratos de concesión. Conviene decirlo con claridad: sin el sector financiero, la mayoría de estos proyectos simplemente no habría existido; más allá de las limitaciones estructurales del Estado y de su desidia, ha sido el sector financiero el que ha garantizado el éxito de los proyectos. Más de 50% de los recursos necesarios para la ejecución de estos proviene de bancos, fondos de pensiones y de inversión, quienes además se han dado a la tarea de vincular ingenieros independientes que han terminado por mejorar las condiciones técnicas de los proyectos y, con ello, su viabilidad.

Un modelo que le ha permitido igualmente al Estado colombiano trasladar un gran porcentaje de las cargas y riesgos financieros inherentes a estos proyectos al sector privado. Contrario a la creencia popular y a la narrativa del actual gobierno nacional, el sector privado (incluido el financiero) termina por asumir casi la totalidad de las pérdidas que se generan ante el fracaso de los proyectos. Ello le ha permitido al Estado liberar recursos importantes para otros propósitos, asunto más que relevante para un Estado que destina tan solo 16% de su presupuesto total a la inversión (año 2026), con la infraestructura recibiendo un porcentaje mucho menor.

En la crisis fiscal por la que atraviesa un país que sigue teniendo un evidente rezago en infraestructura, lo que impacta su conectividad, productividad y competitividad, la participación del sector privado sigue siendo fundamental. Si bien el cobro de peajes, derivado de la necesidad de generar retornos en las inversiones realizadas, genera serias dificultades para ciertas regiones del país, lo cierto es que los costos económicos y sociales que enfrentaríamos ante la carencia de esas inversiones serían mucho mayores. Esperamos que el nuevo gobierno entienda las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado colombiano, su incapacidad para construir por sí solo y la necesidad de impulsar, aún más, la participación del sector privado en el desarrollo del país.