Prestación de servicios y reforma del Estado

El gobierno tiene una iniciativa importante respecto al servicio civil: disminuir la contratación por prestación de servicios y aumentar la contratación de planta. Un primer acercamiento a esta iniciativa muestra efectos ambivalentes. Por el lado positivo está el bienestar de los trabajadores, que, para evitar los contratos realidad, deben dejar de trabajar por lo menos un mes cada año pagar su seguridad social. Por el lado negativo está un mayor gasto del Estado en la medida en que el Estado debe asumir parte de los pagos de seguridad social y las primas, además de otros costos laborales como la indemnización.

Es una reforma que se le debe al país desde hace muchos años. Pero teniendo como eje el bienestar de los trabajadores debe ir más allá. Se trata del bienestar de la sociedad. Y para hacerla de manera integral, requiere más de 4 meses. Por eso la carta que el Ministerio de Trabajo envió a la presidencia argumentando que no se puede diseñar para marzo de este año es acertada.

Una de las grandes fallas de los Estados Latinoamericanos, incluido el colombiano, es la falta de eficiencia en la prestación de sus servicios. Varios estudios, entre ellos uno de la Cepal, han demostrado que en la región “el privilegio político de las prácticas clientelistas ha redundado en un círculo vicioso de ineficiencia, grandes dotaciones de empleados públicos y corrupción”. En una de las regiones más desiguales del mundo, el Estado necesita recursos, pero también procesos, capacidades y personal idóneo para enfrentar los retos de pobreza y desigualdad. La pandemia trajo además una nueva realidad en la cual los servicios se prestan a través de la tecnología y la virtualidad, que necesita capacidades diferentes del talento humano.

En Colombia, los ciudadanos tenemos poca credibilidad en el sector público. Lo vemos burocrático e ineficiente, y, en muchos casos corrupto. El 75% de los colombianos encuestados por Latinobarómetro tiene poca o ninguna confianza en el Estado, y 16% alguna. Se ha logrado controlar el gasto público administrativo, incluyendo la nómina, para no llegar a déficits fiscales exagerados que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica, uno de los activos más valiosos del país, pero no se han implementado las reformas necesarias para hacer más eficiente las políticas públicas. Frente a la crisis financiera de 1999, la ley 617 del 2000 puso topes de crecimiento de los gastos administrativos y de personal. Sin embargo, a lo largo de este siglo la población y la economía han seguido creciendo, lo mismo que las necesidades de un Estado cada vez más eficiente. Esto último no se ha dado. Lo que ha ocurrido es que, dadas las restricciones de crecimiento de personal, la burocracia ha crecido a través de contratos de prestación de servicios, gasto clasificado presupuestalmente como de inversión, pero sin estar atado a metas específicas de las políticas públicas.

Más allá de una política que convierta en empleados a los contratistas del Estado, es necesario pensar en una reforma de modernización del Estado. Reforma que incluya un nuevo proceso presupuestal que asigne los recursos por metas de las políticas públicas y de acuerdo a su desempeño, y que identifique la necesidad y las capacidades de personal con que debe contar el Estado para cumplir estas metas de manera eficiente. Este sería un gran paso del gobierno del cambio, porque para hacer los cambios que espera la población es necesario contar con un aparato estatal que los implemente con eficiencia y transparencia.